La Iglesia arremetió ayer contra el 'plan Ibarretxe'. Por medio de un rotundo comunicado, la Conferencia Episcopal Española censuró ayer la propuesta de Juan José Ibarretxe por considerarla «moralmente inaceptable, insolidaria, excluyente», por entender que tiene tintes «totalitarios», impone el «culto a la nación» y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas.

La cúpula eclesiástica baja de nuevo a la arena política, a pesar de que una de sus máximas, en teoría, es no intervenir en ella. Y esta vez no lo hace para criticar al Gobierno socialista, sino para lanzar una dura advertencia al PNV, uno de los partidos democristianos de mayor tradición católica, por la deriva que está tomando la formación de Josu Jon Imaz con su pulso al Estado.

Tras la aprobación del pasado 30 de diciembre en el Parlamento vasco de la 'Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi', el órgano de gobierno de la Iglesia se siente en la obligación de dar su opinión y recuerda que el derecho de autodeterminación lo tienen los pueblos que son colonizados o invadidos, pero no los que unilateralmente deciden que se quieren independizar, porque ese es un caso en el que la secesión «es moralmente inaceptable». Sobre todo cuando ese territorio impone su exigencia «a toda costa y por cualquier medio», lo que a ojos del clero se convierte en una «idolatría de la propia nación» que «pervierte gravemente el orden moral».

Nación y nacionalismos

El documento se titula 'Sobre nación y nacionalismos' y es un comunicado hecho público por su secretariado de la Conferencia Episcopal, no ha sido debatido por el pleno de la institución. Pero recoge muchos de los extremos incluidos en la instrucción pastoral 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias', aprobada en plenario en noviembre de 2002.

La Iglesia cree que muchos de los argumentos incluidos en aquel documento de condena de la actividad de ETA valen ahora para criticar el 'plan Ibarretxe'. Por ejemplo, que España es el fruto de largos y complejos procesos históricos que «no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares» como los de los nacionalistas.

Advierte al PNV -formación a la que no cita de manera expresa la nota- que, como el resto de los partidos políticos, debería utilizar «argumentos verdaderos» para intentar alcanzar sus objetivos porque de lo contrario sus acciones «degeneran en una ideología y un proyecto excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitarias».

Por ello la Iglesia reitera su denuncia de que ningún territorio puede negar unilateralmente la soberanía de España, y que los territorios que la componen deben asumir que «no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino». La jerarquía eclesiástica aclara que no combate a los partidos nacionalistas, pero les exige que dejen de considerase a sí mismos como los únicos capaces de «proponer el amor a la nación» y les pide que no caigan en el error de «excluir y menospreciar» al resto de realidades nacionales o estatales.

«La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado (...) da lugar a un nacionalismo totalitario, incompatible con la doctrina católica». La Iglesia cree, además, que el cometido de los partidos políticos es el de ponerse al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, por lo que «no es moralmente aceptable» que el nacionalismo anteponga a esos derechos básicos su concepción de la nación y el Estado. Por último, recuerda que la Constitución es el marco jurídico «ineludible». Admiten la posibilidad de reformarla, porque «no es perfecta», pero no a través del plan del lendakari, sino según lo previsto por la ley. «Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria», concluye la Iglesia.

Rechazo inequívoco

La pastoral contra el terrorismo ahora recordada por la Conferencia Episcopal tuvo un accidentado nacimiento. Fue el cierre de una serie de enfrentamientos de la cúpula eclesiástica con el Gobierno de José María Aznar, que desembocaron en una grave crisis tras las elecciones autonómicas de 2002, cuando los obispos del País Vasco difundieron una pastoral en la que criticaban la ilegalización de Batasuna, el pacto antiterrorista, cuestionaban la forma en la que el Ejecutivo del PP combatía la violencia e incluso asumían algunas de las reivindicaciones de ETA, como la de las presuntas torturas a los presos terroristas. La Conferencia Episcopal Española se negó entonces a firmar el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y se desmarcó con tibieza de la pastoral de los prelados vascos.