JUECES. Francisco José Hernando Santiago, presidente del CGPJ. / DM
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La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó
ayer un informe que censura el proyecto del ley del Gobierno que regula el
matrimonio entre homosexuales. El texto, que previsiblemente será refrendado
por el pleno Consejo dentro de una semana, considera que el matrimonio, al
estar basado en el principio de la complementariedad de los sexos, es una
institución necesariamente heterosexual. Si la fuente de la legitimidad del
matrimonio es el cariño o la demanda social, la poligamia también tendría
que ser legalizada, sostuvo el autor del estudio.
El informe consiguió el respaldo de los vocales conservadores Adolfo Prego,
Javier Laorden y José Luis Requero, mientras que votó en contra el
progresista Luis Aguilar. Fernando Salinas, de orientación progresista, no
asistió a la sesión en que se debatió el texto.
Cuando se debata el texto en el pleno del organismo, cosa que ocurrirá el
día 26, la minoría progresista presentará un voto particular para rechazar
la teoría de que la heterosexualidad es «consustancial al matrimonio». Para
Aguiar, al aprobar este informe, el CGPJ se ha arrogado unas competencias
que no les corresponden, toda vez que el Gobierno no solicitó un dictamen
sobre la iniciativa.
Aunque el Ejecutivo decidió prescindir del habitual informe del CGPJ tras la
desautorización que recibió de este órgano la ley contra la violencia
doméstica, la mayoría conservadora se ha valido de un subterfugio para poder
emitir su dictamen. Para ello, ha invocado la facultad que permite al pleno
del Consejo encargar informes sobre «temas relacionados con la
Administración de Justicia».
El estudio, elaborado por el magistrado José Luis Requero, expone que el
artículo 32 de la Constitución declara que «el hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», lo que no deja
lugar a dudas de que el legislador concibió este artículo pensando en la
naturaleza heterosexual de la institución.
Dudas fundadas
Tras subrayar que la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero
desnaturaliza la institución matrimonial y plantea «serias y muy fundadas
dudas de constitucionalidad», Requero aseveró que el proyecto se sostiene
sobre puntales muy endebles.
El vocal del CGPJ sentenció que con la regulación del matrimonio homosexual
el Estado se queda sin argumentos para negar el matrimonio poligámico a los
musulmanes residentes en España, si es que éstos se atrevieran a pedirlo.
Por añadidura, según el consejero, los islámicos representan una comunidad
más numerosa que los homosexuales, si se atiende a las cifras del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
El vocal alegó que sus argumentaciones son estrictamente 'jurídicas' y no
responden a planteamientos ideológicos. A su juicio, si el cariño y el
afecto son las bases sobre las que se funda la entidad matrimonial, como
pretende el proyecto del Ejecutivo, entonces habría que aprobar también no
sólo las uniones poligámicas, sino también el matrimonio entre hermanos.
Caos
Coincidiendo con lo expuesto por el Consejo de Estado, el informe exhorta al
poder legislativo a que diseñe otra figura jurídica para las uniones
homosexuales que se limite «a una regulación de la convivencia libre, basada
en la unión por un tiempo indefinido, sujeta a libre ruptura por causas
legalmente previstas y con determinados efectos jurídicos». De acuerdo con
la tesis de la mayoría conservadora, la aprobación del matrimonio homosexual
introducirá el caos en la «ordenación del derecho de familia».
El informe judicial arremete contra la posibilidad de que los homosexuales
puedan adoptar, ya que «los menores no pueden ser vistos como un instrumento
para homologar tendencias sexuales».
Además, el matrimonio entre gais y lesbianas no garantiza la función de
perpetuar la subsistencia social, «pues se trata uniones estériles,
incapaces de reproducirse».