Redacción - 19/01/2005 La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por mayoría el informe que rechaza el proyecto de ley para regular el matrimonio civil entre parejas del mismo sex. El informe es crítico con el proyecto del Gobierno al entender que “desnaturaliza” la institución del Matrimonio, “intrínseca a las parejas heterosexuales”. Según el vocal del CGPJ, Luis Requero, con la regulación del matrimonio gay, el Estado se queda sin argumentos para oponerse al matrimonio poligámico si es exigido por los musulmanes, un sector de la población más numerosa en España que el de los homosexuales


El dictamen del Consejo General del Poder Judicial que rechaza el matrimonio entre parejas homosexuales, deberá ser ratificado en el pleno que celebrará el CGPJ el próximo día 26 por el Pleno de la institución. Para el CGPJ, abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo “ofrece serias y muy fundadas dudas sobre la constitucionalidad”. En línea con las recomendaciones del Consejo de Estado, mantiene que el artículo 32 de la Constitución, cuando habla de este asunto, “se refiere a la unión entre un hombre y una mujer, y por ello dice que tienen derecho a contraer matrimonio”. El Consejo General del Poder Judicial entiende que el proyecto del Gobierno no puede alterar el concepto de la institución, ya que “llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”.

El CGPJ considera que la reforma se funda sobre “bases movedizas” como la conciencia o la demanda social, o “en un mal entendido sentido de la dignidad de la persona o la igualdad”. Según el vocal del CGPJ, Luis Requero, con la regulación del matrimonio gay, el Estado se queda sin argumentos para oponerse al matrimonio poligámico si es exigido por los musulmanes, que recordó que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, son más en número en España que los homosexuales. El vocal defendió que su informe no responde a criterios ideológicos sino únicamente a razonamientos de tipo jurídico. Estima que si el modelo de matrimonio sólo debe basarse en la existencia de cariño, son perfectamente factibles los matrimonios entre hermanos o el poligámico. Insistió en que una unión entre homosexuales puede ser otra cosa, pero no un matrimonio. Además, el CGPJ señala que el matrimonio homosexual “no cumpliría una función de interés social en orden a garantizar la subsistencia de la sociedad, pues se trata de uniones estériles, incapaces de reproducirse”. Del mismo modo, este órgano rechaza la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten menores. De hecho, admite que aunque se regule el matrimonio homosexual se debe excluir la adopción "hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y hasta que la sociedad protagonice un debate profundo sobre la materia”.

Por su parte, el vocal de la minoría progresista, Luis Aguiar, aseguró que el proyecto de Ley del PSOE es plenamente constitucional, y que lo único que hace es ampliar el derecho a casarse a un colectivo marginado y perseguido hasta épocas muy recientes. Para Aguiar, la mentalidad de la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y el matrimonio debe basarse en el afecto, la lealtad y la fidelidad, pero no en que una a un hombre y una mujer, aunque históricamente haya sido así. Lo contrario, opina el vocal, es “farisaico” y supondría “rasgarse las vestiduras” ante una figura ya aprobada en países como Bélgica, Holanda, Canadá y algunos estados de Estados Unidos.

José Gabaldón, presidente del Foro Español de la Familia y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional ha reaccionado también sobre el informe del CGPJ afirmando que las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en las que ha dicho que “el informe del Tribunal Constitucional carece de fundamento legal”, y le recuerda que “dicho tribunal sigue siendo el primer órgano de jueces de España”. Gabaldón considera que el informe judicial insiste acerca de la inconstitucionalidad del proyecto de ley, directamente contrario al artículo 32 de la Constitución, “algo muy digno de tenerse en cuenta, sobre todo si se piensa en la extraordinaria debilidad argumental del proyecto de ley”.