Redacción - 27/01/2005 Ayer se hizo público el “Pacto por los Derechos y la Libertades”, que representa el primer paso de aglutinamiento de los movimientos y asociaciones de católicos en España. Los integrantes de esta nueva iniciativa han invitado a participar tanto a cristianos como a no creyentes a que coincidan, según han declarado en un comunicado de prensa, “en los valores fundamentales de la vida y la sociedad, expresados en este manifiesto de mínimos, que constituirá el eje de las movilizaciones y acciones concretas que se realicen”.

El Manifiesto, adjunto en su totalidad a esta noticia, se dirige a toda la sociedad española, al Parlamento y Gobierno, y a las autoridades garantes de la aplicación de las leyes. En él se explica que ha nacido del hecho de que “el gobierno español, a pesar de sus reiteradas manifestaciones por el diálogo, no lo practica con las organizaciones que representan a los católicos y aquellas otras entidades que coinciden con nosotros en los valores fundamentales de la vida y la sociedad, que constituimos una parte muy importante de la sociedad civil”. Las entidades firmantes aseguran que “el gobierno ha desencadenado un alud de cambios legislativos y actuaciones sin atender a ninguna de nuestras razones, declarándonos por esta vía ciudadanos excluidos, algo que por razones obvias de dignidad no aceptamos”, por lo que “reclamamos, por consiguiente, el respeto por la vía de los hechos a nuestras creencias y valores y, en este sentido, exigimos se establezca una mesa de diálogo con las organizaciones que los representan”.

El manifiesto reclama de los medios de comunicación “el respeto a nuestras creencias y valores que profesamos de acuerdo con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como una información objetiva y veraz que ahora no se practica”. También reclama “el cumplimiento efectivo del respeto a la vida desde su inicio en la fecundación hasta su fin natural, y en este sentido, constatamos que el aborto es la muerte violenta de un ser humano”. Por este motivo se exige el efectivo cumplimiento de del “derecho de la mujer embarazada” a disponer de la información necesaria de carácter médico y social antes de un posible aborto (RD 2409/1986 y Ley 41/2002).

Las entidades que avalan este manifiesto consideran fundamental que se cumpla el “respeto y apoyo” a todas las personas para que puedan desarrollar una vida digna, por lo que se reclama “la erradicación de la pobreza en España mediante una ley integral que ponga fin a la simple gestión de la misma”. En esta línea se reclama también que “se adopten los medios y se aporten recursos para garantizar que todo matrimonio tiene acceso a una vivienda”.

En el manifiesto exigen “la defensa y promoción del matrimonio como unión natural del hombre y la mujer, tal y como establece el Art. 32 de la Constitución Española, generador de descendencia y responsable principal de su educación”. Por ello rechazan “el intento de legalizar como matrimonio las uniones de personas del mismo sexo, por ser contraria a su naturaleza antropológica, a sus fines, a la Constitución Española, a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Civiles, y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la equiparación de dichas uniones a la figura matrimonial”. Además, se hacen eco del Proyecto de Ley de agilización del divorcio, ya que “puede significar, como advierte el informe del Consejo General del Poder Judicial, la introducción del repudio de doble dirección, lo que sería insólito en la legislación occidental”.

Por ello exigen que “se respete el derecho del niño que carece de padre y madre, a ser adoptado y a que sus intereses sean los únicos a considerar, de acuerdo con lo que establece la Declaración Universal de Derechos del Niño. A ello añaden que “la adopción es el ejercicio de una paternidad y maternidad paliativa para compensar esta carencia básica, y no puede ser subordinada a derechos invocados por personas que desean adoptar, ni instrumentalizada por intereses políticos de lobbies y grupos de presión”. Exigen, en este sentido, “el respeto efectivo al derecho de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos y, por tanto, a la efectiva libertad de elegir centro escolar”. Un derecho que incluye “recibir la formación en cultura ético-religiosa, bien de acuerdo con la orientación confesional de cada familia, bien desde la aconfesionalidad, con carácter obligatorio y evaluable, como corresponde a un conocimiento básico para la educación de la persona”.

El Pacto concluye manifestando “nuestra decisión de movilizarnos en defensa de los derechos humanos y en particular de los relativos a la dignidad de la persona, al matrimonio, la familia, la educación, la justicia social y el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y de religión”.