El Vaticano intervino ayer puntualmente en su turno de réplica en el último episodio del enfrentamiento a distancia que mantiene con el Gobierno español. El motivo, la decisión del Ejecutivo de convocar el miércoles por la tarde al nuncio de la Santa Sede para transmitirle su «extrañeza» por las recientes palabras del Papa sobre la situación religiosa en España. En una nota de la oficina de prensa, lacónica como de costumbre, el portavoz vaticano, Joaquín Navarro Valls, se limitó a remitirse al discurso de Juan Pablo II: «Por nuestra parte, emplazamos a una atenta lectura de todo el discurso pontificio, que puede ilustrar bien la posición de la Iglesia».

Wojtyla, en la recepción a los obispos españoles del lunes, alertó de la difusión de «una mentalidad inspirada en el laicismo» que conduce «a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso».

Dentro de los roces con la Iglesia que han dominado el inicio de la legislatura socialista, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se dio directamente por aludido, pero fuentes eclesiásticas subrayan que el discurso del Papa no contiene ninguna crítica expresa al Ejecutivo español. Éste sería, por tanto, el sentido del comentario de Navarro Valls, que más o menos viene a decir que se ha malinterpretado la reflexión de Juan Pablo II.

Por otro lado, de todas formas, también es una reafirmación del análisis del pontífice. En cualquier caso, el comunicado vaticano acogió ayer «con satisfacción» la voluntad del Gobierno de mantener «acuerdos fructíferos» y un «diálogo permanente» con la Iglesia presidido por el «respeto recíproco». «Esta ha sido y será siempre la línea de la Santa Sede», concluye la nota.

«Un problema técnico»

En este ritmo pendular de tensión y distensión entre Roma y Madrid, ayer tocaba el retorno a la serenidad. Si bien la convocatoria del nuncio, el 'embajador' del Vaticano en cada país, es un hecho poco habitual, tampoco es la primera vez en la historia reciente. Después de muchos años, fue el Gobierno de José María Aznar quien llamó al nuncio en junio de 2002, molesto por la pastoral de los obispos vascos. Las muestras de buena disposición manifestadas ayer desde el Ejecutivo coincidieron con las primeras declaraciones sobre el asunto del presidente de la Conferencia Episcopal española, Antonio María Rouco Varela, que habló en términos conciliadores. En una entrevista a una cadena católica italiana, resumida ayer por 'Avvenire', el diario de los obispos italianos, la máxima autoridad de la Iglesia española aseguró que las palabras del Papa «fueron expresadas con fuerza, pero no diría que fueron severas». El arzobispo de Madrid opinó que las consideraciones de Juan Pablo II se pueden extender a cualquier país europeo, «La situación, desde luego, es más o menos igual en todas partes», indicó. «Decir que la Iglesia española se siente bajo asedio sería un diagnóstico que no responde a la realidad».

El cardenal reconoció que la Iglesia española tiene «un problema técnico» con los acuerdos sobre «cuestiones académicas como la enseñanza de la religión», pero sobre el resto de asuntos afirmó que «no hay contenciosos abiertos». Ante el avance del laicismo, Rouco Varela pidió a los católicos que «redescubran la dimensión pública de su vida cristiana».

El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, pidió ayer a la Iglesia que respete las decisiones del Gobierno, y advirtió de que esta institución no puede pretender «imponer sus opiniones a quienes no profesan su credo». El dirigente socialista aseguró que «quien le escribió el guión» el pasado lunes a Juan Pablo II para su reunión con los obispos españoles lanzó mensajes que no se corresponden «para nada con lo que está sucediendo». Blanco reiteró que el Ejecutivo «nunca ha cuestionado» los acuerdos Iglesia-Estado y que lo único que desea es mantener «una buena relación» con esa institución.

Tras subrayar que el Gabinete de Zapatero es «respetuoso» con la postura de la Iglesia y abogar por unas relaciones basadas «en el respeto a la verdad», el miembro de la ejecutiva del PSOE afirmó que desde el Gobierno se está atendiendo el mandato ciudadano, «que es lo mismo que cumplir con nuestro programa electoral». Blanco añadió que comprende que los católicos no puedan casarse con personas del mismo sexo, pero rechazó que haya una «imposición» de la jerarquía eclesiástica a los españoles que no lo son. Se trata, en su opinión, de respetar a los ciudadanos que quieran acogerse a ese derecho.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, trató de trasladar un punto de sosiego al debate y apostó por utilizar «los marcos de diálogo» para dar «la serenidad que existe y que siempre ha presidido» las relaciones entre la Santa Sede y España. En declaraciones a RNE, Moratinos expresó su «extrañeza» por «algunos elementos» pronunciados por el Papa en su discurso, aunque subrayó que «nosotros respetamos los discursos y manifestaciones» del Pontífice.

La educación

«El tema de la libertad religiosa y de todo el tema educativo, cuando hay unos acuerdos vigentes y hay una voluntad política de mantener el diálogo y de reforzar ese diálogo constructivo en temas que son sensibles, pues nos ha extrañado», recalcó. Moratinos dijo que se convocó al nuncio del Vaticano para que explicara «el trasfondo y las razones» de la intervención de Juan Pablo II ante la delegación de la Conferencia Episcopal Española.