Redacción - 31/01/2005 Con el fin de que la aconfesionalidad del Estado sea una realidad en todas las instituciones públicas, la educación y los medios de comunicación, el Intergrupo por el Laicismo, integrado por representantes de todos los grupos parlamentarios exceptuando al Partido Popular, volverá a reunirse en febrero. El objetivo es ultimar su propuesta de crear una comisión de estudio en el Congreso que, durante un año, se encargue de proponer medidas para profundizar en la laicidad del Estado.

La diputada de Izquierda Verde (IU-ICV) Carme García explicó a la Agencia Europa Press que estos grupos comparten la idea de que el Parlamento debe sentarse a analizar “con seriedad” cómo se puede avanzar hacia un verdadero Estado aconfesional y que ha llegado el momento de “dejar de marear la perdiz” con el debate y la aprobación cada cierto tiempo de iniciativas inconexas destinadas a este fin. El debate sobre la aconfesionalidad del Estado se ha disparado a raíz del discurso del Papa de la semana pasada en el que aseguraba que el Gobierno español actúa con “desprecio a lo religioso” y que fomenta el laicismo. Estas palabras, según la diputada Carme García, ha generado mucha “preocupación” entre los promotores de esta iniciativa, que consideran que con esas críticas se busca “dividir a la población” y “destruir más que construir”. En este sentido, García insiste en que el laicismo lo que persigue es el “respeto y la convivencia” entre la distintas opciones religiosas. Así, ha querido explicar que este intergrupo no pretende dirigirse contra una confesión religiosa ni tiene nada que ver con el ateismo o el agnosticismo, sino que concibe la religiosidad como una opción “privada”, defiende que el Estado debe estar al margen de la religión y viceversa, y entiende la laicidad como un pacto de convivencia en la pluralidad y la tolerancia.

Los impulsores de esta iniciativa consideran oportuno que el Congreso aborde este asunto ahora que están llegando a España inmigrantes que practican distintas religiones. García destaca que ante esta variedad religiosa, el Estado no puede “decantarse” por apoyar a unas confesiones frente a otras porque ese favoritismo sería, además de “inconstitucional”, discriminatorio. La revisión de los acuerdos con la Santa Sede, prevista para este año, también debería analizarse, según García, en esa comisión parlamentaria no permanente que, a su juicio, debería sentar las bases para poner fin a la financiación estatal de la Iglesia Católica.

En su próxima reunión, el Intergrupo por el Laicismo diseñará su calendario de actuaciones para este año, en el que las cuestiones relacionadas con la educación centrarán gran parte de sus trabajos. Aunque sus promotores insisten en que el intergrupo no se crea “contra nada”, admiten que podría servir ahora para contrarrestar desde la sociedad civil la creciente implicación de la Iglesia católica en la vida política, con su frontal rechazo a medidas legislativas de marcado carácter progresista como el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales.