Los derechos solamente son tales en la medida que pueden ser ejercidos. Su enunciado teórico, la afirmación retórica, no basta para verificar su cumplimiento. Solo la práctica señala con claridad si su ejercicio y, por tanto, su existencia, es posible.

La libertad de expresión en nuestra sociedad, y para lo que son colectivos y organizaciones, necesita de un intermediario, los medios de comunicación. Sin ellos, la posibilidad de expresarse es una pura falacia. Las distintas gradaciones que se dan en las situaciones totalitarias oscilan desde los extremos más brutalmente visibles donde nadie tiene la posibilidad de asociarse y hablar, hasta aquellos en que sobretodo lo que funciona es el impedimento a que su mensaje llegue a los ciudadanos.

Mucho de esto está sucediendo con la campaña del Referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña y las actividades del Pacte per la Vida i la Dignitat y E-Cristians. Los hechos demuestran que resulta imposible que los medios de comunicación de Cataluña se hagan eco de los contenidos de una campaña que por su dimensión y singularidad debería tener un mínimo de presencia.

El hecho es que organizaciones de la sociedad civil, de concepción cristiana en este caso, abordan de una manera sistemática y razonada un tema de interés global como es el Estatuto de Autonomía. Plantean una posición claramente diferenciada de la de los partidos políticos: oposición al Título I del Estatuto de Autonomía, referido a Derechos, deberes y principios.

Han puesto en marcha un conjunto de actividades: carteles, presentaciones en distintas poblaciones, reparto de folletos en la calle y una campaña de publicidad importante. Nada de esto ha merecido el menor eco, excepto en los medios de orientación cristiana.

La campaña de publicidad de la que ya informó ForumLibertas se caracteriza por su fuerza y originalidad, y solo por ello si nos ciñésemos a los criterios generales de lo que es periodismo, resaltar lo diferente, presentar lo inesperado, los medios de comunicación deberían haberse hecho eco en un grado mínimo.

No digamos ya, desde el punto de vista de la responsabilidad social, que tiene la obligación de informar, porque en este caso es un estado de opinión que expresa el sentir de una franja numerosa de la sociedad catalana.