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  12/06/2006
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¿Cuán peligrosa es la clase de Educación para la Ciudadanía?

 

La nueva Ministra de Educación, Ciencia y Deportes, Mercedes Cabrera, en unas recientes declaraciones (La Vanguardia, 11 de junio) intenta presentar la nueva materia de Educación para la Ciudadanía como algo normal y habitual en Europa.
 
Es más, afirma que responde en gran medida a una directiva europea de educar a niños y adolescentes como ciudadanos, de brindarles los instrumentos para participar en la vida democrática.
 
Una vez más nos encontramos ante el engaño que es una de las formas más reprobables de entender la política, aunque en nuestro país exista una tolerancia indecente hacia esta actitud que quiebra lo fundamental en política: la confianza.

Es un engaño porque es sabido que una directiva europea establece -por su naturaleza jurídica- orientaciones muy generales que cada gobierno debe interpretar y aplicar (a diferencia del Reglamento que constituye un texto comunitario totalmente inviolable por los estados miembros).
 
El engaño está sobre todo en que la directiva se refiere a fines que debe cumplir la educación pero en ningún caso define los instrumentos de cómo conseguirlo. Y mucho menos llega a concretar que deba existir una materia de Educación Cívica, para la ciudadanía o como quiera llamársela.
 
Más bien se trata de una orientación de aplicación transversal que deben transmitir la mayoría de las docencias, especialmente las más relacionadas. Desde la historia a la religión, pasando por la filosofía y las ciencias sociales. Es este cuerpo que debe proporcionar los conocimientos y las actitudes responsables para forjar buenos ciudadanos.

La vía escogida por el Gobierno español es excepcional en Europa, y muy habitual en los regímenes totalitarios o de vocación totalitaria; esto es, aquellos que conciben al Estado como la razón y causa fundamental de todo, ya que, por consiguiente, reducen a la sociedad civil a un sujeto amorfo que debe ser moldeado por la directiva estatal.
 
Esta es una concepción que choca con la democracia, porque el Gobierno del estado se erige en juez ético y moral, lo cual se escapa absolutamente de sus funciones. Ni tan siquiera la suma de Gobierno y Parlamento tiene tal atribución.
 
De ahí surge precisamente la división de funciones entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar que una sola parte asuma un discurso axiológico, defina y juzgue él solo lo que debe ser.

Por esto es tan peligrosa esta asignatura, por lo que va a enseñar, obviamente, y también porque muestra como se conciben a si mismos y a la sociedad quienes nos gobiernan.

El campo propio de la educación de la conciencia ciudadana, que de esto se trata en definitiva, ha sido y es fundamentalmente el campo de la religión y la filosofía, que tiene como propias las parcelas de la moral, la axiología, la ética y, su ámbito autónomo, la política.
 
También es determinante el papel del conocimiento histórico sobre todo por lo que hace al conocimiento de la evolución de las ideas y, después, desde un punto de vista más instrumental, el funcionamiento de estos valores en la práctica, otra vez la historia y las ciencias sociales, que así mismo nos permiten contextualizar las instituciones que nos hemos dotado y sus valores.

No hacerlo así, plantearlo como una asignatura con un temario elaborado por el Gobierno y su entorno satélite, es un peligro para la democracia y la libertad, y un atentado grave a los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, que la Constitución contempla.
 
Su aplicación, por consiguiente, solo puede mover al rechazo y a una movilización hasta conseguir que esta reencarnación de la Formación del Espíritu Nacional franquista vuelva al reino de la nada.