La nueva Ministra de Educación, Ciencia y Deportes, Mercedes
Cabrera, en unas recientes declaraciones (La Vanguardia,
11 de junio) intenta presentar la nueva materia de Educación para
la Ciudadanía como algo normal y habitual en Europa.
Es más, afirma que responde en gran medida a una directiva
europea de educar a niños y adolescentes como ciudadanos,
de brindarles los instrumentos para participar en la vida
democrática.
Una vez más nos encontramos ante el engaño que es
una de las formas más reprobables de entender la política, aunque
en nuestro país exista una tolerancia indecente hacia esta actitud
que quiebra lo fundamental en política: la confianza.
Es un engaño porque es sabido que una directiva europea establece
-por su naturaleza jurídica- orientaciones muy generales que cada
gobierno debe interpretar y aplicar (a diferencia del Reglamento
que constituye un texto comunitario totalmente inviolable por los
estados miembros).
El engaño está sobre todo en que la directiva se refiere a
fines que debe cumplir la educación pero en ningún caso define los
instrumentos de cómo conseguirlo. Y mucho menos llega a
concretar que deba existir una materia de Educación Cívica, para
la ciudadanía o como quiera llamársela.
Más bien se trata de una orientación de aplicación transversal que
deben transmitir la mayoría de las docencias, especialmente las
más relacionadas. Desde la historia a la religión, pasando por la
filosofía y las ciencias sociales. Es este cuerpo que debe
proporcionar los conocimientos y las actitudes responsables para
forjar buenos ciudadanos.
La vía escogida por el Gobierno español es excepcional en
Europa, y muy habitual en los regímenes totalitarios o de
vocación totalitaria; esto es, aquellos que conciben al Estado
como la razón y causa fundamental de todo, ya que, por
consiguiente, reducen a la sociedad civil a un sujeto amorfo que
debe ser moldeado por la directiva estatal.
Esta es una concepción que choca con la democracia, porque el
Gobierno del estado se erige en juez ético y moral, lo cual se
escapa absolutamente de sus funciones. Ni tan siquiera la suma de
Gobierno y Parlamento tiene tal atribución.
De ahí surge precisamente la división de funciones entre los
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar que una
sola parte asuma un discurso axiológico, defina y juzgue él solo
lo que debe ser.
Por esto es tan peligrosa esta asignatura, por lo que va a
enseñar, obviamente, y también porque muestra como se conciben a
si mismos y a la sociedad quienes nos gobiernan.
El campo propio de la educación de la conciencia ciudadana, que de
esto se trata en definitiva, ha sido y es fundamentalmente
el campo de la religión y la filosofía, que tiene como
propias las parcelas de la moral, la axiología, la ética y, su
ámbito autónomo, la política.
También es determinante el papel del conocimiento histórico sobre
todo por lo que hace al conocimiento de la evolución de las ideas
y, después, desde un punto de vista más instrumental, el
funcionamiento de estos valores en la práctica, otra vez la
historia y las ciencias sociales, que así mismo nos permiten
contextualizar las instituciones que nos hemos dotado y sus
valores.
No hacerlo así, plantearlo como una asignatura con un temario
elaborado por el Gobierno y su entorno satélite, es un peligro
para la democracia y la libertad, y un atentado grave a los
derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, que la
Constitución contempla.
Su aplicación, por consiguiente, solo puede mover al rechazo y a
una movilización hasta conseguir que esta reencarnación de
la Formación del Espíritu Nacional franquista vuelva al reino de
la nada.