La Razón
Cardenal Ricardo María Carles
14-06-2006
Hace una justamente siete días que el presidente de la CONCAPA advirtió
que los padres católicos se opondrán «de todas las maneras y con todos
los instrumentos posibles» que otorga la Constitución a la nueva
asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Ya
escribí sobre ello en marzo, pero lo que seguimos sabiendo nos obliga a
todos a oponernos a que haya una llamada «educación», pero que es más
bien un «troquelar» las conciencias de todos los futuros ciudadanos,
pues será obligatoria, a partir de las ideas que una minoría impondría a
España entera.
No es aceptable que se haya decidido excluir a padres y profesores de la
discusión. Ya se intuía, pero ahora es evidente que se excluye a
colectivos incómodos. Y son muchos los colectivos que no aceptan que se
cree una asignatura que comienza con unos prejuicios no aceptables para
millones de españoles. Ya se habló de «el confinamiento de la religión
en el culto y la indiferencia ante el hecho religioso que lleva a que la
palabra “Dios” carezca de significación real, es una voz sin sentido que
no afecta para nada a la mayoría de los ciudadanos de nuestra sociedad».
La religión no está confinada en el «culto», sino expresada y vivida en
la «cultura», y llevada a la vida en los comportamientos de millones de
españoles. Además, llegar a decir que «la palabra “Dios” carece de
significación real» es algo que se aproxima a la blasfemia. No sólo es
falso, sino profundamente insultante para cuantos amamos a Dios -y no
somos pocos- decir eso.
Es francamente difícil decir más inexactitudes irrespetuosas con menos
palabras. Ya es triste, y lo digo con corazón sacerdotal, que algunos
pasen su única e irrepetible vida como si Dios no existiera. Pero es muy
grave que, desde una posición de Gobierno, intenten separar de la fe en
Dios a muchos niños y jóvenes españoles.
Porque lo antes expresado conduce -dicen- a «un mínimo común ético como
obligatorio para todos (...) una parámetro de valoración de los demás
valores diferenciales». Se impondrá como asignatura obligatoria y
dictaminaría qué conductas son merecedoras, o no, de «respeto». «Entre
las reglas de convivencia debe destacarse la laicidad como principio
informador del ordenamiento y de la acción del Estado».