Seguramente el Proyecto de Ley que ha hecho correr más tinta durante más tiempo, si descontamos los conflictos estatutarios, es el que hace referencia a la creación del Sistema Nacional de Dependencia, y quien lo dude basta que haga la pertinente verificación en el Google.

Este proyecto, ahora en proceso de debate en el Congreso de los Diputados, es presentado por el gobierno como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero al mismo tiempo, une a su teórica importancia tal incertidumbre en los aspectos determinantes, que estaríamos tentados de afirmar que lo convierte en impresentable y que corre el riesgo de constituir una gran estafa a medio plazo o, como afirmaba el Consejo de Estado, que sea motivo de frustración. Y es que, y esto también forma parte del dictamen de dicho alto organismo, no se aclaran las obligaciones del Estado en toda esta cuestión. La pregunta es ¿cómo es posible proyectar un sistema nacional sin que se sepa como se financia, que servicios otorga y realmente quien los presta sin que quede claro cual es el papel de los ayuntamientos y de las entidades privadas?

Concretemos las objeciones:

1. La financiación es un galimatías. Por una parte se afirma que el Estado financiará el nivel de prestaciones que se determinen reglamentariamente, o sea que no se sabe cuales son. Pero por otra, se obliga a las comunidades autónomas a que realicen una aportación como mínimo igual a la del Estado, sin saber cual es ésta ni disponer de recursos específicos para su financiación. Finalmente se dice que los usuarios contribuirán al coste del servicio en un 33%, porcentaje que aumentará en función de la renta. Observación: este enfoque descalifica la pretensión de que se está constituyendo un derecho universal como la sanidad o la enseñanza, porque cuando existe un pago y además éste es importante y variable en función de los ingresos, tal universalidad no existe. El riesgo de toda esta historia es que de los 1000 millones al año que son necesarios, según cálculos del gobierno, quienes realmente paguen algo más de 300 millones sean los usuarios, y otro tanto el conjunto de comunidades autónomas, porque el resto, la tercera parte ya es el coste actual en materia de dependencia que sufraga el presupuesto del estado. Si la verdad se acerca a este cálculo, el Ministro Caldera con la colaboración necesaria de Solbes y la bendición de Rodríguez Zapatero, habrá planteado un juego muy semejante al que practican los trileros. Esperemos que esto no sea así, y para ello nada más necesario que conocer cual es la asignación económica a la que se compromete el gobierno desde ahora hasta la plena aplicación de la ley.

2. De lo dicho queda claro que no está bien definida cual es la participación de los usuarios en el pago del sistema. Un riesgo adicional es que en realidad el grueso del país, la clase media con dependientes, acabe siendo el financiador básico del sistema, con lo cual se convertiría más que en una ayuda en un nuevo mecanismo impositivo.

3. La ley considera “excepcional” la atención de las personas dependientes que son atendidas por su entorno familiar. Es decir, sitúa en un plano secundario lo que es hoy el fundamento de la cuestión, y debería ser el eje de la respuesta. Una buena financiación, y soporte y asistencia a los cuidadores familiares para que la carga no resulte incompatible con mantener unas razonables condiciones de autonomía personal, hubiera sido el enfoque más práctico, humano y económico. Pero es que el estatismo es una característica inherente a esta ley.

4. Este estatismo se observa también en diversos aspectos: no garantiza la libertad de elección del servicio o prestación que mejor dé respuesta a sus necesidades. Tampoco garantiza la participación de las entidades que representan a la gente mayor, los discapacitados y a sus familias, ni establece un marco de cooperación y concertación con las entidades de iniciativa social. Ni tan solo concreta el papel de los ayuntamientos en el sistema. Es una concepción de un estatismo jacobino.

5. Los huecos: No resuelve bien el acceso al sistema de dependencia de las personas con discapacidad psíquica y enfermedad mental, ni el soporte a las familias con niños menores de 3 años discapacitados o con enfermedades congénitas. Obvia las relaciones con el sistema sanitario y no promueve la dimensión socio-sanitaria. Una vez más la Administración española es incapaz de establecer servicios transversales y consagra el reino de Taifas de la mano de cada ministerio. Tampoco resuelve bien la llamada prestación económica de asistencia personalizada y su relación con las prestaciones económicas hoy ya reguladas en la legislación de la seguridad social.

Ante estas cuestiones, no es extraño que junto con el informe crítico del Consejo de Estado, el Partido Popular haya presentado 140 enmiendas parciales, y CiU, PNV y EA, sendas enmiendas a la totalidad. En el caso de CiU la cosa tiene su miga, porque este grupo declara que la ley no solo vulnerará el nuevo Estatuto de Autonomía sino que ya lo hace con el de 1979. Lo más paradójico en este terreno es que esta norma jurídica la ha pactado el gobierno con IU y también ERC, que promovió el “no” al Estatuto por considerarlo corto en materia de autogobierno, y ahora promueve una ley que otros partidos, algunos de un perfil nacionalista más moderado, como CIU, consideran que se salta a la torera las competencias existentes.

Sería bueno, en su paso por el Congreso, que el gobierno asumiera las críticas que hemos resumido y que no son otra cosa que una recopilación de las que se han ido produciendo por diversas instancias solventes de nuestra sociedad. Nos gustaría tener una ley sobre un tema tan importante, clara y transparente en la que pudiéramos confiar.