Lo hizo, aunque a su manera. El Presidente del Gobierno compareció ante los periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados para anunciar que va a dialogar con ETA. Bueno, al fin y al cabo fue en el Congreso…

La incógnita que queda abierta es sobre qué va a hablar el Presidente. Sin duda, fue una buena señal que reafirmara la vigencia de la Ley de Partidos y que dejara claro que “la democracia no va a pagar ningún precio político”. Pero más que palabras, lo que hoy cabe exigir son hechos. Con el aval de Rodríguez Zapatero, los socialistas vascos van a incumplir abiertamente esa Ley de Partidos al reunirse con Batasuna. El gesto se presta a malentendidos, puesto que equivale a ceder a las exigencias de los terroristas: una mesa para las cuestiones militares y otra para las políticas.

Lo más preocupante, sin embargo, es esta frase del Presidente: “Les digo que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción”.

El único problema hoy en el País Vasco es que existen “violencia” y “coacción”. Por lo demás, éste y todos los Gobiernos respetan las “decisiones de los ciudadanos vascos” con respeto a las “normas” y a los “procedimientos legales”. ¿De qué hablamos entonces?

La respuesta está en Cataluña. La única interpretación que logro extraer de las palabras del Presidente es que el PSOE se unirá con entusiasmo a los delirios de los nacionalistas para alcanzar “un gran acuerdo político de convivencia”. Salvo el Partido Popular, todos los grupos de la Cámara vasca, más ETA-Batasuna, darán al nuevo Estatuto “el máximo consenso posible”. La diferencia es que los pistoleros seguirán de cerca todo el proceso: si las cosas no van como ellos quieren -ya sea en Vitoria, en Navarra, en el Congreso de los Diputados o en un eventual recurso de inconstitucionalidad-, ya sabemos a qué atenernos. En otras palabras: para evitar nuevos asesinatos, habrá que darles por las buenas lo que no han conseguido en casi 40 años de terror.

Todo cuadra con los denunciados proyectos de refundación de España del Presidente. Desde varios sectores, sobre todo conservadores, se ha dicho con frecuencia que fue un error otorgar la autonomía al País Vasco sin haber resuelto antes el problema del nacionalismo. Precisamente la autonomía ha sido el precio político que ha pagado Tony Blair al IRA, disimulado con cesiones de competencias anteriores a Escocia y Gales, que prosperaron en sendos referendos por un margen muy estrecho de votos.

Ése es el proceso que se ha abierto ya en España. El primer acto fue el Estatuto catalán. Es el inicio de una reforma constitucional -por el momento- encubierta, con la que este Gobierno quiere zanjar la cuestión de los nacionalismos. La diferencia es que España ya otorga el mayor nivel de autonomía a las regiones que se conoce en Europa. Con nuevas cesiones, sólo se alimentará aún más una voracidad insaciable, que aumentará el desamparo de los no nacionalistas.

Abróchense pues los cinturones. Esto no ha hecho más que comenzar.