El Defensor del Pueblo ha decidido iniciar de oficio una
investigación ante el Ministerio de Sanidad y Consumo que analice
las «extraordinarias dificultades» que, según algunas denuncias,
existen para abortar en el sistema sanitario público. Ha reclamado
además a Sanidad que garantice la práctica de la interrupción del
embarazo en la comunidad de residencia de las mujeres que lo
demanden.
Enrique Múgica, máximo responsable de la institución, ha ordenado
iniciar esta investigación después de que se publicara una
información según la cual sólo el 3 por ciento de las
interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en España
se realizan en centros hospitalarios públicos.
La oficina del Defensor del Pueblo reconoce que esta cifra supone
«que en la práctica totalidad de estos procedimientos se lleva a
cabo en centros sanitarios del ámbito de la sanidad privada,
ubicados, en no pocas ocasiones, en Comunidades Autónomas
distintas a la residencia de las personas afectadas».
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha reclamado al
titular de Sanidad que aborde la cuestión en el marco del Consejo
Interterritorial de Salud y a que «se adopten las medidas
pertinentes que permitan garantizar a los usuarios del sistema
público sanitario la atención en su comunidad de residencia y en
los centros hospitalarios de referencia del Sistema Nacional de
Salud».
