Me gustaría poder tener la posibilidad de escribir este artículo,
también, si esta asignatura hubiera sido impuesta por otro partido
o grupo de diferente tinte político. Pero la realidad es que, este
gobierno y no otro, el que quiere imponer esta Ley de Educación
(LOE) en la que su máximo exponente es la Educación para la
Ciudadanía que tiene un profundo calado adoctrinador. Esta
imposición adoctrinadora, viene precedida de una falta de consenso
y diálogo con las partes implicadas en la educación, y con una
clara intención de construcción de una moral de Estado.Y si digo
esto, es por que el Real de Decreto aprobado en el parlamento,
propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia, así lo
reconoce: "la Educación para la Ciudadanía servirá, através de los
dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral
cívica".
Y nos podríamos preguntar en que cimientos o ladrillos se va a
apoyar esta "construcción" moral cívica. Con echar un vistazo a
las políticas cívicas y sociales de este Gobierno, podemos
formarnos una visión inequívoca de cuales son los ladrillos que la
sustentan: La Ley de Igualdad de Género recurrida al
Constitucional, la Ley de Uniones entre Homosexuales
equiparándolas al matrimonio, la Ley de Reproducción Asistida, la
Ley de Clonación Terapeútica aprobando la investigación con
embriones, la Ley del Divorcio Express, la Ley de Identidad de
Género e incluso la Ley de Memoria Histórica son la base, junto
con otras leyes en la agenda de este Gobierno como la aprobación
de la Eutanasia, en las que se sostiene este impulso adoctrinador
laicista. En la Educación para la ciudadanía concurren tres
planos, la educación en valores para la convivencia, educación de
la ciudadanía democrática impulsada desde Europa con el
conocimiento de las instituciones Nacionales y Europeas, y un
proyecto ideológico que contamina a las otras dos.
El intento del Gobierno de esta formación de conciencias, de este
proyecto ideológico o este "espacio de reflexión", como define la
Ley a esta Asignatura, no trata exclusivamente de los Derechos
Humanos o de la Constitución Española, sino que por su contenido
real rebasa ampliamente los valores constitucionales, tal y como
señalo el propio Consejo de Estado en su negativo dictamen sobre
el Decreto de la ESO, cuando afirmó: "no puede formar parte de los
aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad
de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la
difusión de valores que no estén consagrados en la propia
Constitución".
Se pudo ver claramente esta intención en el Manifiesto del PSOE
con motivo del XXVIII Aniversario de la Constitución, del 4 de
Diciembre del 2006, "Constitución, Laicidad y Educación para la
Ciudadanía", donde se afirmaba que: "Los fundamentalismos
monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos.
La laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría
nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas
libertades como la interrupción voluntaria del embarazo(...). En
una sociedad cada vez más plural (...) , uno de los desafíos más
importantes que se plantean a los poderes públicos (...) es
contribuir a la formación de "conciencias libres, activas y
comprometidas" con el "mínimo común ético constitucional", y en
dicho marco es donde hay que situar la asignatura Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos".
Y esto es lo que ocurre. Bajo esta asignatura se intenta imponer
desde el Poder una antropología y una ética particular, basada en
el relativismo moral, en una ideología Laicista, en una ética
positivista, y todo esto impregnado con la ideología de género, en
la cual los alumnos deberán realizar una formación e identidad de
su propio genero, que podrá cambiar según las circustancias
cambiantes.
El planteamiento que deberíamos realizarnos es, si el estado está
legitimado o no para imponer a través de esta Ley Orgánica una
formación de la conciencia ética obligatoria y evaluable, y si
estamos dispuestos a asumirlo.
El Estado ha excedido su ámbito de decisión y mediante el uso de
las formas democráticas intenta instaurar un proyecto "pretotalitario"
que crea alarma social en la inmensa mayoría de las familias y
lleva el conflicto a la escuela y a la familia. Ante la falta de
diálogo con la ciudadanía y con los actores responsables de la
Educación, no nos dejan otra vía que apelar a la Constitución
Española y a los Tratados Internacionales para el ejercicio de los
derechos constitucionales.
La Constitución Española reconoce a los padres el derecho
originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de
educación moral habrán de recibir sus hijo. El Estado no puede
quitarles este derecho, imponiendo este tipo de asignaturas, cuyo
objetivo es una formación moral de las conciencias, al margen de
la libre elección de los Padres.
El poder político carece de legitimidad, por lo tanto, para
arbitrar una educación moral a los menores contra la libertad de
los padres, que gozan del derecho Constitucional a que su hijos
sean educados conforme a sus convicciones éticas y religiosas
(artículo 27). Tal derecho es previo a cualquier potestad política
y está reconocido y amparado por todos los tratados
internacionales de Derechos Humanos.
Las preguntas que debiéramos plantearnos en este punto es, qué
puedo hacer ante esta imposición que ataca la libertad de los
padres a la educación de sus hijos y qué vías puedo tomar para
defender este derecho. La conclusión es clara. Debemos utilizar
todos aquellos medios legítimos a nuestro alcance para la defensa
de la Libertad de Educación, la Libertad Ideológica y la Libertad
de Conciencia.
Si, es cierto, que se puede dudar de que problemas me puedo
encontrar utilizando estos medios legítimos para la defensa de
estas libertades, pero lo que no puedo dudar es de cual será la
carga de problemas que va acarrear la implantación de esta
asignatura en la conciencia de vuestros hijos.
Deberemos asumir el papel que a cada uno le corresponde en una
sociedad activa y responsable.
