05.04.08
III. LOS TEXTOS, LAS DECISIONES, LOS HECHOS.No podemos dejarnos convencer por la propaganda. Las cosas que se dicen no son más verdaderas por muy potentes que sean los altavoces. Hay que atenerse a los hechos. Apenas terminado el Concilio, en 1966, después de algunos titubeos, la Conferencia Episcopal publica un documento, titulado La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio, en el que se exponen las enseñanzas del Concilio sobre la materia y se indican ya algunas modificaciones que habría que introducir en el ordenamiento español para adecuarlo a las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión religiosa y moral, en orden a la salvación eterna, pero su doctrina tiene influencia real en la vida temporal. Aunque haya que reconocer la justa autonomía del orden temporal, por razón de los sujetos que lo viven, hay que situarlo en relación con los planes de Dios. Los ciudadanos cristianos están llamados a “impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu del evangelio”. El ordenamiento de las realidades temporales según los planes de Dios exige el pleno respeto a la libertad religiosa de todos los ciudadanos, católicos y no católicos. A los pastores les corresponde enunciar los principios. Los fieles seglares tienen que buscar la manera de aplicarlos, bajo su propia responsabilidad, con libertad, sin temor a la posible variedad de opiniones y puntos de vista.
El 22 de enero de 1968 los obispos dan un paso más y publican un documento dedicado expresamente a exponer la doctrina de la Iglesia sobre la libertad religiosa y su necesario reconocimiento en el ordenamiento civil. Explican el verdadero sentido de este concepto, el derecho a la libertad religiosa es un derecho civil, que el Estado tiene que tutelar, sin intervenir en las decisiones religiosas de los ciudadanos, considerando su vida religiosa, libremente ejercida, como una parte importante del bien común.
Estos años están llenos de tensiones, impaciencias, conflictos. Muchos grupos de sacerdotes y de cristianos quieren que los cambios sean más rápidos y profundos. Presionan a los Obispos y se manifiestan en contra de las resistencias de las autoridades políticas. Podemos recordar la llamada Operación Moisés, la ocupación de la Nunciatura, ocupación también del Obispado de Barcelona, centenares de homilías multadas, publicación de manifiestos y declaraciones. La falta de experiencia y la escasa preparación intelectual de muchos activistas favorecía la confusión entre los asuntos de naturaleza política y las cuestiones doctrinales o disciplinares de índole eclesial. La situación se vio agravada por algunas tendencias como la lectura secular del Evangelio, el movimiento de “Cristianos por el socialismo” y enseguida la explosión de la teología de la liberación.
En este clima tenso y complicado, para favorecer el diálogo y rebajar las tensiones dentro de la Iglesia, los Obispos convocaron una Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes. Esta Asamblea se celebró en septiembre de 1971. Como resultado de cada una de las ponencias se redactaban unas proposiciones que luego se sometían a votación de toda la asamblea. Para ser reconocidas como aprobadas por la Asamblea estas proposiciones tenían que recibir al menos dos tercios de votos afirmativos.
Aunque no tuviera naturaleza jurídica, esta Asamblea resultó un acontecimiento de gran importancia. Se puede decir que marca la inflexión pública en el tono y la actitud de la Iglesia española en relación con el ordenamiento jurídico y político de la sociedad española. Una Iglesia que mayoritariamente había quedado sorprendida y desconcertada por las innovaciones del Concilio Vaticano II, de golpe aparece como profundamente sintonizada con él, y no sólo dispuesta, sino deseosa de renovarse a fondo siguiendo las enseñanzas y recomendaciones de aquel gran acontecimiento eclesial. Por debajo de unas apariencias fuertemente condicionadas por los acontecimientos de la guerra civil y por el consiguiente aislamiento de España, que habían ido quedando anticuadas, aparecía una Iglesia joven y renovada, muy concorde con las enseñanzas conciliares, dispuesta a conseguir su plena libertad con independencia del poder político para poder contribuir a la reconciliación y pacificación de los españoles, y a la normalización política del país, en cumplimiento de su misión religiosa y cristiana. Las conclusiones de la primera ponencia reclaman el respeto a la libertad religiosa y al pluralismo religioso de la sociedad, el pleno respeto a los derechos civiles de los ciudadanos. La proposición 34 decía así:
“Si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros (IJn 1, 10). Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser instrumentos de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos.” Es la primera vez que en la Iglesia española se habla de reconciliación, forma pública y colectiva. La proposición no alcanzó los dos tercios de votos favorables. Pero este breve texto quedó como una referencia a la que ya nunca renunció la Iglesia española. Había comenzado públicamente el camino de la reconciliación.
Un paso decisivo en la toma de posiciones de los Obispos fue la promulgación del documento La Iglesia y la comunidad política, publicado el 23 de enero de 1973, por tanto en vida de Franco. Los obispos comienzan diciendo que para ser fieles al Concilio en el ejercicio de su ministerio tienen que iluminar la situación española con la doctrina de la Iglesia. A la vez con este documento quieren responder a las recomendaciones recibidas del Papa Pablo en su discurso del 28 junio en el que les animaba a “estar activos en medio de vuestro pueblo”, con el fin de “consolidar el Reino de Dios en todas sus dimensiones”, atendiendo a las “aspiraciones de los sacerdotes, especialmente de los más jóvenes.”
En este documento los Obispos reconocen la dificultad de aplicar la doctrina del Concilio en nuestro país, dado que Iglesia y Estado han vivido en una situación de confusa unidad desde el s.VI. Afirman la necesidad de marcar las diferencias entre ambas instituciones y exhortan a los cristianos a asumir la defensa de la doctrina cristiana en el campo de las realizaciones políticas, bajo su personal responsabilidad, contando con los necesarios espacios de libertad y pluralidad. Sin pretender ningún poder en los asuntos temporales, la Iglesia reivindica su plena libertad y su derecho a pronunciarse desde el punto de vista moral en las situaciones y actuaciones de la vida temporal. Para acomodarse a las exigencias de una sociedad justa, la Iglesia ofrece la renuncia a sus privilegios jurídicos, pide la revisión del Concordato de 1953 y manifiesta sus dudas acerca de la compatibilidad de la confesionalidad del Estado con el pleno reconocimiento de la libertad de los ciudadanos en materia religiosa. Consideran insuficiente la Ley de libertad religiosa promulgada el 28 de junio de 1967. Les parece esencial el reconocimiento efectivo y sincero de la plena libertad de las demás confesiones y religiones sin hacer ninguna discriminación por parte del Estado por razones religiosas.
A partir de este momento, la Iglesia española se orienta decididamente a favor de la democratización de la sociedad española. Para facilitar este proceso, los Obispos renuncian a los privilegios de la Iglesia reconocidos en el Concordato de 1953, el privilegio del fuero, la exención de los clérigos del servicio militar, la presencia de obispos y sacerdotes en las instituciones sociales y políticas y piden al Gobierno que renuncie al privilegio del derecho de presentación, es decir, el privilegio de intervenir en el nombramiento de los Obispos, reiterando la petición presentada ya en 1966 y en abril del 1968. A esta petición el General Franco respondió repetidamente que este asunto era revisable sólo en una revisión global del Concordato. El Rey Juan Carlos I renunció al privilegio de presentación en 1976. Junto a los privilegios, los Obispos consideran que hay otros puntos que son verdaderos derechos de la Iglesia y de los ciudadanos católicos en una democracia como el derecho de los padres católicos a la enseñanza y educación católica de sus hijos, las subvenciones a la Iglesia para el desarrollo de sus fines que no son por tanto renunciables.Como consecuencia de estas actuaciones de la Iglesia, los Obispos tienen que soportar frecuentes tensiones y conflictos con los gobiernos del Régimen. Una historia sumaria de los hechos puede verse en la Introducción escrita por D. Jesús Iribarren para la publicación de los Documentos de la CEE. Editado por la B.A.C. en 1984.
Esta actuación de los Obispos en favor de la democratización del régimen y de la renuncia de los privilegios de la Iglesia para hacer posible la reconciliación de los españoles y la transición hacia una sociedad democrática que reconociera los derechos de todos, se intensifica con la publicación del documento colectivo sobre la reconciliación, publicado el 17 de abril de 1975, “La reconciliación en la Iglesia y en la sociedad”. En él los Obispos expresan con claridad sus puntos de vista.
“en nuestra Patria el esfuerzo progresivo por la creación de estructuras e instituciones políticas adecuadas ha de estar sostenido por la voluntad de superar los efectos de la contienda civil, que dividió entonces a los ciudadanos en vencedores y vencidos, y que constituyen todavía un obstáculo serio para una plena reconciliación entre hermanos”… “Las nuevas generaciones, que no vivieron aquel conflicto, nos piden, y con razón, la generosidad suficiente para construir, unidos en la esperanza, un futuro más justo y más fraterno” (n.27)
Para ello hay que reconocer ampliamente los derechos de las personas, hay que garantizar los derechos de reunión, expresión, asociación, se deben respetar los derechos de las minorías dentro del bien común. Estamos ya en los umbrales de la transición política. En la Iglesia, muchos viven con impaciencia la necesidad de contribuir a una verdadera reconciliación entre españoles que borre espiritualmente las heridas de la guerra civil. En el orden moral es imprescindible el perdón mutuo y la reconciliación. En el orden político el reconocimiento de los derechos civiles sin discriminaciones ni restricciones arbitrarias.
Todo ello quedó solemnemente proclamado en la homilía pronunciada por el Cardenal Tarancón en la Misa celebrada en la Iglesia de los Jerónimos, el 27 de noviembre de 1975, con la el Rey Juan Carlos I quiso acompañar su entronización como Rey de España. El Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal le pidió solemnemente que fuera el Rey de todos los españoles, “sin privilegios ni discriminaciones”, tratando de superar los enfrentamientos de otras épocas, sanando las heridas de los conflictos pasados, reconociendo los derechos de todos, iniciando un período de paz y de convivencia por los caminos de la reconciliación, la justicia y la generosa convivencia. En este breve texto quedó expresada de manera solemne y definitiva la actitud mayoritaria de la Iglesia ante la nueva época que se abría ante la nación española.
Pocos meses después D. Angel Suquía, en aquel momento Arzobispo de Santiago de Compostela, en julio de 1976, en la ofrenda al Apóstol Santiago, pide la amnistía para los presos políticos. Muchos grupos cristianos se manifiestan en favor de una amnistía total.
En 1977, en pleno debate sobre cómo tenía que ser la transición política, los Obispos publican otro documento importante titulado Orientaciones sobre la participación política. (2 febrero 1977). La Iglesia no pretende mantener ni conseguir ningún poder político, no quiere identificarse con ningún partido, puesto que ningún partido es capaz de recoger su patrimonio espiritual ni puede representarla en el ámbito de la vida social y civil, pide en cambio plena libertad para enseñar su doctrina, libertad para que los cristianos puedan asumir sus compromisos políticos en favor del progreso, la libertad, la paz. Espera poder actuar para formar la conciencia cívica de los creyentes, favorecer el bien común, apoyar a los más débiles, y relativizar las ideologías.
En este tiempo, mientras se trabaja para la redacción de la Constitución, el Cardenal Tarancón, Presidente de la Conferencia Episcopal mantiene encuentros y conversaciones, directas o indirectas con los representantes de todas las fuerzas políticas. A todos ellos les transmite el mismo mensaje: la Iglesia quiere colaborar para conseguir la reconciliación entre todos los españoles, es preciso hacer todo lo posible para conseguir una Constitución que supere los pasados enfrentamientos y abra la posibilidad de una convivencia reconciliada y pacífica entre todos los españoles. La Iglesia está dispuesta y se siente preparada para colaborar efectivamente en facilitar las condiciones requeridas para inaugurar una nueva época de estabilidad y de paz. En frecuentes encuentros y reuniones de trabajo se buscan fórmulas aceptables para todos en los puntos más importantes como el paso de un régimen confesional a un Estado aconfesional, el reconocimiento del derecho de la Iglesia a enseñar y el derecho de los padres a educar cristianamente a sus hijos tanto en las escuelas de la Iglesia como en la enseñanza pública.
De esta misma época es el documento Nuevas orientaciones sobre el apostolado seglar , en el cual los obispos tratan de estimular la participación de los fieles cristianos en la vida pública, en servicio de la libertad, el reconocimiento de las libertades y derechos políticos de todos los ciudadanos, la variedad y pluralismo de diferentes opciones políticas al servicio del bien común.
En 1977 aparecen varios documentos de especial importancia. Los Obispos intentan orientar a los católicos para que tengan en cuenta los aspectos morales al votar en las elecciones. Su doctrina se puede resumir de este modo. No hay ningún partido que sea representativo de la Iglesia ni de la doctrina cristiana. Los cristianos deben votar con libertad y según la propia conciencia, teniendo en cuenta las posturas de los diferentes partidos en relación con los componentes morales del bien común, tal como son reconocidos en la doctrina católica. Los cristianos deben apoyar a los partidos que mejor garanticen y promuevan el respeto a la libertad de los ciudadanos, la justicia y la moralidad pública, el bien de la familia, la libertad de enseñanza y la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos y los pueblos de España, el apoyo a los más débiles y necesitados, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad y pluralidad política. En todo ello deben actuar con responsabilidad y realismo, apoyando lo que les parezca mejor o menos malo, sin perderse en discusiones inútiles ni pretensiones imposibles.
De especial interés es el documento titulado Los valores morales y religiosos de la Constitución (26 sept. 1977), en el cual los Obispos exponen los valores morales que la nueva Constitución debería recoger y apoyar. La Constitución tiene que responder a nuestra cultura y a nuestra historia, reconociendo y amparando los derechos básicos de todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, con un espíritu de amplitud, dinamismo, consenso y tolerancia. Desde su punto de vista, los Obispos afirman que la Constitución debe reflejar los criterios morales de convivencia que se desprenden de la experiencia y de la antropología cristiana, pues esa ha sido la matriz cultural de nuestro pueblo y nuestra historia. En esta perspectiva querrían ver enteramente recogidos y protegidos los derechos básicos y comunes de la persona, la defensa de la vida humana, la protección del matrimonio y de la familia, la tutela de la moralidad en la vida pública, la atención preferente a los más débiles, el reconocimiento de la diversidad y la solidaridad entre los diversos pueblos de España, el apoyo a los países del Tercer Mundo, y el pleno reconocimiento de la libertad religiosa de todos los españoles. En este apartado afirman que el reconocimiento de la libertad de las demás confesiones o religiones no tiene que ser obstáculo para dar un tratamiento adecuado a la Iglesia católica, teniendo en cuenta su especial implantación en la historia y en la vida presente de la nación española.
En esta misma línea está concebido el breve escrito de la Comisión Permanente de la Conferencia Orientaciones sobre el referéndum constitucional (28 sept. 1978), con el que los Obispos pretenden iluminar a los fieles cristianos al tener que apoyar o rechazar el proyecto de Constitución. Los Obispos no imponen a los cristianos un voto determinado por razones de conciencia, sino que se limitan a recomendarles que ejerzan sus derechos civiles consciente y responsablemente. Insisten en la obligación de votar, reconocen valores positivos en el proyecto constitucional, no encuentran razones para imponer el “Si” o el “No”. Apelan a la responsabilidad de los votantes y alaban el espíritu de concordia con el que el texto constitucional ha sido elaborado.
El 2 de enero de 1979 se firman los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español con los cuales se quiere sustituir el Concordato de 1953 y fijar un modelo nuevo de relaciones de colaboración entre las dos instituciones, de acuerdo con el espíritu y la letra tanto de los documentos conciliares como de la Constitución española. Todos ellos fueron aprobados por el Parlamento español.
Como expresión de la sinceridad y solidez de los compromisos asumidos por los Obispos, tiene mucha importancia el documento episcopal titulado La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo, publicado por la Conferencia el 25 de junio de 1983, después de la visita del Papa, varios meses después del acceso del Partido Socialista al gobierno. Se trata de un documento en el cual la Conferencia Episcopal, ante la victoria electoral del Partido Socialista manifiesta y confirma su voluntad de someterse lealmente a las leyes de la democracia, exhorta a los católicos a respetar la autoridad legítimamente establecida, se distancia de cualquier partido político y se muestra dispuesta a negociar y buscar fórmulas jurídicas de convivencia y colaboración con el gobierno de la nación y las instituciones democráticas.
Al leer ahora el texto se percibe la dificultad y la importancia del momento. Con realismo y lealtad se perciben y enuncian las diferencias existentes entre el programa del gobierno y las preferencias de la Iglesia en puntos tan importantes como el tratamiento político del matrimonio, la liberad de enseñanza o la financiación de la Iglesia y el sostenimiento de su patrimonio. Pero a la vez, y por encima de todas las diferencias, se manifiesta la voluntad de ajustarse a las instituciones democráticas, sin privilegios de ninguna clase, y colaborar sinceramente para el bien de todos los españoles: “La Iglesia católica vive hoy en España en el marco de unas instituciones democráticas legítimamente establecidas y firmemente aceptadas por el pueblo español. Es deber de la Iglesia que, por su parte, nada empañe el respeto debido a estas instituciones” (n. 23). Para ello intentaremos “buscar y consolidar fórmulas de convivencia y colaboración que compaginen los derechos de todos y respondan a la complejidad de la sociedad española” (nn. 10 y .12).
Pocos meses antes el Papa había animado a los católicos españoles a mantener estas mismas actitudes “en un clima de diálogo, dentro del contexto cada vez más pluralista de la sociedad española. Tratando de descubrir y fomentar en el actual momento histórico de vuestra Patria todo aquello que es común a los ciudadanos de los diversos sectores, regiones y tendencias de la nación y no lo que los divide o enfrenta” . Decididamente, la Iglesia española se mantenía en su voluntad de vivir “en un clima de respetuosa convivencia con las diferentes opciones legítimas, esperando el justo respeto de las propias” (Juan Pablo II, Discurso en Barajas, 31 de octubre de 1982).
Estas tomas de posición han dirigido la vida y las actuaciones de la Iglesia de España durante los años decisivos de la transición política. Durante este tiempo la Iglesia española trató de ser fiel al Señor y a la misión de El recibida, ateniéndose por un lado a su condición religiosa como comunidad de fe que vive y anuncia el Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, esta misma fidelidad le impulsaba a servir con lealtad a la sociedad española en un momento en el que los ciudadanos estaban llamados a tomar su destino en propia mano. Durante aquellos años, la mayoría de los miembros significativos en la Iglesia, eran muy conscientes de la importancia del momento. Sentían la necesidad y la urgencia de que la Iglesia de Jesús fuera instrumento de conciliación y de encuentro, no agitadora de viejas rivalidades. La Iglesia no dudó en renunciar a viejos privilegios, inaugurando una nueva forma de situarse y de vivir en la sociedad, haciendo cuanto estuvo en su mano para favorecer actitudes de reconciliación y tolerancia entre los españoles que permitieran la elaboración de un orden civil que fuese justo y aceptable para todos.
Continuará…..
