11.04.08
El diario El País está en racha. El viernes pasado la moral laica; el lunes el pope de EpC, Goyo para sus amigos, acusaba de prevaricadoras a las comunidades autónomas que protegen el derecho de objeción de conciencia. Dicen las buenas lenguas que los espumarajos que vierte por la boca no se parecen a los de la niña del exorcista, que son más bien una sobredosis de Almax, no se esperaba que dos días después el cardenal Rouco animara a la padres a objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que «cuanto mayor sea el número de padres que lo hagan, más fácil resulta resolver el problema», y hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla de nuevo a favor del derecho de objeción de otra familia.A lo que íbamos, nuestra querida hoja parroquial laica está escandalizada de que no puedan realizarse abortos en la Sanidad Pública —no, no tiene nada que ver con el diario de Zapatero—, que hay una serie de gente que decidió dedicarse profesionalmente a cuidar la vida de los demás, y los muy canallas, acogiéndose espuriamente a su conciencia reconocen que la vida humana comienza al principio —si, ya sé que es una tontería, una obviedad, si comienza es que es al principio; pues no me lo pregunten a mí, que hay quien dice lo contrario—.
La rasgada de vestiduras es sonora cuando observan que hay CCAA como Murcia, Castilla-La Mancha o Navarra, en los que no hay ningún hospital público —en Navarra tampoco privados— dispuesto a matar niños, o que un hospital/maternidad como La Paz en Madrid sea objetor en bloque. Esto no puede seguir así.
Para El País el problema no está en que los médicos tengan conciencia, es que o tienen mucha jeta o están coaccionados por presiones de los autodenominados grupos provida (tengo que aprender a adjetivar, lo de autodenominados me ha llegado al alma).
Haciendo el caldo gordo al gobierno alaba la propuesta de crear un registro de personal sanitario objetor, porque (poniéndolo en boca del jefe de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, qué tendrá ese hospital):
Lo que no puede ser es que con la excusa de la objeción los médicos se nieguen a hacer unas intervenciones que tienen más carga emocional, como los abortos, y prefieran hacer otras más gratificantes. Yo siempre intenté equilibrarlo. Si un médico empieza negándose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y después a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema público.
Ya se sabe, la conciencia para quien pueda pagársela.
El cinismo llega al extremo de reconocer que el 96% (y poco me parece) de los abortos se realizan bajo el supuesto de peligro psíquico de la madre, pero que no hay psiquiatras en la sanidad pública que lo diagnostiquen, para obtenerlo hay que acudir a un psiquiatra de pago. Espero que la Asociación de Psiquiatría pida aclaraciones al respecto.
Animo al gobierno, en vista de los datos aportados por su diario de cabecera, a que más que crear un registro de objetores lo haga de no objetores, es más corto, y más barato; y que lo haga público, tenemos el derecho también de saber si esos autodenominados médicos van a poner las manos sobre nosotros; quien sabe de qué otro tipo de escrúpulos carecen.
De llevarse a cabo tal como lo proyecta el gobierno este registro de objetores será como la lista de los que firmaron la revocación a Chávez, personas indeseables a las que privará de una carrera profesional merecidamente exitosa, fruto exclusivamente de su trabajo. Registro de objetores, que contrasta con la ausencia de uno de violadores o pederastas, que con total seguridad gozan de mejor estima del gobierno.
Algunos pensábamos que después del Caso Morín, se tomarían medidas como un primer paso para reabrir el debate del aborto. Pero las medidas se están tomando justo en la dirección contraria. ¿Estamos todavía a tiempo?