(Agencias) El Obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, afirmó hoy que
es "una buena noticia" el hecho de que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) "haya reconocido el derecho a la
objeción de conciencia a un matrimonio malagueño, precisamente al
cual la Junta de Andalucía le negó el derecho para poder imponer
dicha objeción", contra la asignatura Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos (EpC).
Según afirmó Dorado en rueda de
prensa, esta resolución "dará lugar a que un día haya una tasación
de sentencias". El TSJA ha reconocido este derecho a unos padres de
Málaga contra EpC, aunque el Gobierno andaluz ya prepara un recurso
de casación.
La sentencia, dictada en esta semana, reconoce este derecho
después de que el pasado 4 de marzo, este mismo tribunal diera la
razón a unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva), también
contrarios a que su hijo recibiera esta asignatura. Así, defiende el
derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y la
libertad ideológica y religiosa, amparadas por los artículos 27.3 y
16.1, respectivamente.
En esta ocasión, los hijos de los demandantes aún no han cursado
esta materia. No obstante, la sentencia, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, considera que la
familia está legitimada a oponerse a esta "controvertida
asignatura".
Asimismo, el Tribunal ve "sumamente razonable" permitir a los
familiares "anticiparse a las consecuencias" derivadas de la
matriculación de sus hijos en la citada materia y pone como ejemplo
los casos en los que los jóvenes contrarios al antiguo Servio
Militar presentaban la objeción antes de ser llamados a filas.
Para Dorado, la sociedad se ha encontrado con el tema
contradictorio de que,"mientras la Religión Católica se pone como
voluntaria y sin alternativa, se haya implantado EpC como
obligatoria". Además, concretó que cuando la Iglesia y los padres
han tratado de hacer objeción de conciencia y los obispos han
hablado de que no es lícito imponer la asignatura, no lo han hecho
en contra de que se imparta una educación para la ciudadanía, ya que
están contra la que se imparte en España.
