Iglesia y Gobierno coinciden en que «no es preciso» reformar los Acuerdos Iglesia-Estado
Por Jesús BastanteRDSábado, 3 de enero 2009
Un día como hoy, hace treinta años, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado vaticano, el cardenal Jean Villot, ratificaban en Roma los Acuerdos Iglesia-Estado. Cuatro acuerdos, que venían precedidos de un preámbulo, suscrito en 1976, mediante el cual Don Juan Carlos renunciaba al "privilegio de presentación de obispos" al Jefe de Estado, y que tres décadas después siguen configurando el marco de relaciones entre la Iglesia y el Estado español en lo relativo a su presencia jurídica, la enseñanza, la presencia en las Fuerzas Armadas, hospitales y centros públicos, y la financiación. Y cuya vigencia, 30 años después, continúa generando polémica.
Una polémica que no es tal teniendo en cuenta las declaraciones de los dos actores implicados. Tanto Gobierno como Iglesia no cuestionan, al menos oficialmente, la vigencia de los Acuerdos de 1979, pese a que nadie hoy duda que su negociación y entramado fueron anteriores al establecimiento definitivo de la democracia.
¿Es tiempo de cambiar los Acuerdos Iglesia-Estado? ¿Es necesario, en pleno siglo XXI, la existencia de estos pactos con –no lo olvidemos- otro Estado, que consagra un status especial para los miembros de la Iglesia católica? El Gobierno socialista, que el pasado año –tras la polémica primera concentración de Colón- amenazó con poner a la Iglesia “en su sitio”, considera que ahora no es momento de tocarlos. “¿Denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado? No estamos en eso”, apuntó hace tres semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La Conferencia Episcopal sigue un planteamiento similar. El cardenal Rouco declaraba esta misma semana que “hay una relación fluida” entre Iglesia y Gobierno “en el ejercicio del derecho de la Iglesia al culto, a sus actividades apostólicas y al ejercicio de su misión pastoral”.
Como apuntaban esta semana fuentes episcopales a RD, incluso, 2009 "puede ser un buen año para alcanzar acuerdos, con vocación de perdurabilidad”, con el Ejecutivo. Los obispos, está claro, continuará dando batalla contra el aborto, pero la cuestión educativa –a expensas del inminente fallo del Supremo sobre Ciudadanía- ha desaparecido del discurso oficial del Episcopado. Y, “mientras se respeten los acuerdos”, tampoco preocupa en demasía el desarrollo de la Ley de Libertad Religiosa.
Las bases no opinan así. Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas, denuncia que los Acuerdos “nacieron en situación de privilegio confesional católico, y hoy afectan a una sociedad religiosamente plural y secularizada. Son causa de muchos conflictos que afectan a la convivencia ciudadana”.Algo similar opina el teólogo Juan Antonio Estrada, quien opina que se firmaron “cuando todavía no se habían desarrollado los principios democráticos constitucionales”. En su opinión, “persisten problemas irresueltos, como la financiación de la Iglesia, el papel de la religión en la enseñanza pública, los costos y derechos de los profesores de religión, la exención de muchos impuestos a la Iglesia católica y las desigualdades comparativas con otras religiones”.
“Los problemas se agravan porque los acuerdos están legitimados por un tratado internacional, lo cual limita las posibilidades de acción de todos”, añade Estrada, quien se lamenta de que “Gobierno e Iglesia se enfrentan en muchas cuestiones, pero convergen en no querer revisarlos”. “En lo religioso, estamos todavía en la Transición y para superarla es necesario actualizar la Constitución y, con ella, los acuerdos Iglesia-Estado del 79”, finaliza.
En todo este tiempo, la base de los Acuerdos se ha mantenido inalterable. Únicamente se modificó un punto en 2006, al entrar en vigor el nuevo sistema de financiación (se pasaba el 0,52 al 0,7% del IRPF), al “renunciar” la Iglesia a la exención del IVA. Una situación que privilegia a la Iglesia frente a otras confesiones, y cuya única comparativa en Europa se encuentra en Italia.
