Respaldo a obispo de Perú, amenazado por una minera
17.08.09 | 07:48. Archivado en América
Lima (Patricio Downes, RD).- El Episcopado de Perú respaldó al arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto Jimeno, S.J., ante las "reiteradas amenazadas que viene recibiendo por parte de los sindicatos de la empresa Doe Run Perú, por su labor pastoral en defensa de la vida, la salud, el trabajo, y el cuidado de los bienes de la creación, dones preciosos de Dios para cada ser humano y para las futuras generaciones". Doe Run viene siendo denunciada hace más de una década por las emanaciones de dióxido de azufre, plomo y cadmio de sus chimeneas, que contaminan a unas 35.000 habitantes de la ciudad de Oroya. También se le exigió cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que se comprometió en 1997, cuando obtuvo la concesión del complejo metalúrgico de La Oroya.En 2006, el Instituto Blacksmith, una ONG con sede en Nueva York, incluyó a La Oroya en una lista de los 10 sitios más contaminados del mundo.
Ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos Vidarte OFM, señaló que la Iglesa Católica lamenta "que se malinterpreten sus preocupaciones pastorales por lograr un medio ambiente sano para toda la población de su Arquidiócesis, en especial de la ciudad de la Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, hecho reconocido tanto a nivel nacional como internacional".
"Preguntamos: Como es posible que en un país democrático donde existe libertad de expresión, de pensamiento y de garantías constitucionales, se amenace a una persona, en este caso a un Arzobispo, por enseñar y defender la Doctrina Social de la Iglesia, que no es otra cosa que defender a la persona humana y el bien común", agregó en un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal peruana.
"Pedimos al Señor, Dios de la vida y de la Creación que siga bendiciendo su labor pastoral para que de frutos de paz y reconciliación", concluyó. "La protección del espacio de la vida de la población constituye una obligación estatal permanente que deriva del derecho fundamental de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida", señaló por su parte un comunicado de la Defensoría del Pueblo (ombdusman) sobre el caso Doe Run.
Una carta enviada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exhortó al gobierno a adoptar medidas efectivas que garanticen la calidad del ambiente de La Oroya, situada en la central región de Junín, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y en los tramos orientales de la cordillera de los Andes. Así lo informó el sitio ipsnoticias.com.