Por entonces era el provincial de los jesuitas en Argentina
Solicitan que la justicia llame a declarar al cardenal Bergoglio por el secuestro de dos jesuitas durante la dictadura
Un abogado querellante en el juicio que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad en la principal cárcel clandestina de la dictadura pidió hoy que se cite a declarar a la máxima autoridad religiosa de Argentina, después de que una testigo la comprometiera en el secuestro de dos jesuitas. La solicitud para que el cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires, S.E.E Jorge Bergoglio, preste declaración ante el Tribunal Oral Federal 5 fue hecha por el abogado Luis Zamora, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam.
24/09/10 8:32 AM
(Efe) El letrado hizo el pedido después de que María Elena Funes, quien durante la dictadura (1976-1983) estuvo cautiva en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), relatara a los jueces el secuestro en aquella época de los sacerdotes Francisco Jalics y Orlando Yorio, a quienes Bergoglio les había quitado un permiso para ejercer.
El cardenal Bergoglio era desde 1973 superior en Argentina de la orden de los jesuitas, a las que pertenecían ambos religiosos que ejercían su labor sacerdotal en un barrio de chabolas del sur de la capital del país.
La testigo, que también realizaba labores de alfabetización y evangelización en ese barrio marginal, dijo que Yorio le contó que el “jefe de la orden” les había quitado el permiso para ejercer en ese sitio “por razones ideológicas”.
Relató que una semana más tarde, ambos sacerdotes fueron secuestrados y “llevados a la ESMA”, donde Yorio permaneció secuestrado durante cinco meses y liberado por una gestión del Vaticano.
La presunta responsabilidad del ahora cardenal primado en ese hecho fue denunciada por primera vez en 1986 en su libro “Iglesia y Dictadura” por el extinto defensor de los derechos humanos Emilio Mignone, cuya hija catequista Mónica está desaparecida.
Desde hace varios meses el Tribunal Federal Oral 5 lleva a cabo un juicio oral y público por algunos de los crímenes cometidos en la ESMA, situada en la zona norte de Buenos Aires y por la que organismos de derechos humanos han calculado que pasaron unos 5.000 detenidos de forma ilegal.