El TC aborta el recurso por la vida
20:00 (10-10-2010)
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo frente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado por el centro Jurídico Tomás Moro y en representación también de asociaciones como la fundación Talita Aragón, RedMadre o el Foro Español de la Familia.
El TC ha acordado no admitir a trámite el recurso de amparo por haberse empleado una vía de impugnación inadecuada. Argumenta el Tribunal que no se prevee dicho recurso contra leyes que aún no han sido aplicadas- como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo-, sino contra actos concretos realizados en aplicación de la misma.
Por su parte, la entidad formada por juristas cristianos ha señalado que la resolución "es sumamente restrictiva de los derechos ciudadanos y frontalmente contraria al derecho a la vida".
Para el Centro Jurídico Tomás Moro sólo existe una "mínima" fundamentación jurídica de la inadmisión del amparo, pues, según ha señalado, en este tipo de resoluciones el Alto Tribunal "suele argumentar su decisión de forma aún más breve". "No obstante, consideramos que dicha argumentación adolece de numerosos errores", han advertido.
Asimismo, discrepan de la decisión del Alto Tribunal, pues, en su opinión, la Ley del Aborto "limita de forma clara el derecho a la vida, prohíbe la protección integral del 'nasciturus', faculta para el ejercicio del nefando infanticidio, y efectivamente, requiere de un acto de aplicación: la muerte de un inocente, muerte irreparable si no se interviene con carácter previo".
El Centro Jurídico Tomás Moro ha lamentado que "otra vez más, se ha manifestado el alto déficit democrático español", al no permitirse a diferencia de otros países, impugnar directamente una ley "que agrade el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida".
Por último, ha indicado que esta decisión del TC pone de manifiesto la necesidad de reformar "en profundidad" la Constitución y los órganos constitucionales, "para que estos estén al servicio de la sociedad y del bien común, y no al servicio de ideologías liberticidas".