Informe sobre al situación social de los inmigrantes
Cáritas advierte del "considerable aumento" de controles policiales sin aviso a inmigrantes
"Se corre el riesgo de una fractura social"
Jesús Bastante, 17 de marzo de 2011 a las 14:50
(Jesús Bastante).- "Los controles policiales sin previo aviso, tanto en lugares públicos -calles, intercambiadores, estaciones- como en centros de asistencia, también de Cáritas, han sufrido un considerable aumento", denunció este mediodía Ana Abril, directora de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española, durante la presentación del Informe sobre la Situación Social de los Inmigrantes acompañados por esta asociación.
Un tercio de las Cáritas diocesanas han informado de "controles selectivos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus centros, proyectos o servicios para identificar a las personas atendidas, una realidad que, en opinión del secretario general de la organización, Sebastián Mora, resulta incómodo e improcedente, puesto que los centros de Cáritas "deberían ser sitios seguros a los que nadie tenga miedo de acudir".
Dichos controles se hacen sin previo aviso, bien a las personas en concreto, o mediante visitas a los directores de los centros. Unas "visitas" que se llegan a dar hasta una vez por trimestre. Los responsables de Cáritas, en la mayor parte de los casos, se niegan a aportar datos de las personas atendidas "si no hay orden judicial o comisión de delito". Para Mora, hay que dejar claro que "los inmigrantes en situación de irregularidad no son delincuentes", pero "este tipo de actuaciones provocan una reacción de rechazo entre la población". Se da, así, "un riesgo de fractura social".
Del mismo modo, el secretario general de Cáritas criticó el "claro endurecimiento del discurso público en el ámbito político, tanto a nivel nacional como autonómico y local, junto a un recorte considerable en los últimos años en las partidas asignadas a temas de integración" y la consolidación de "una percepción social cada vez más negativa sobre el fenómeno de la inmigración, que refuerza una imagen del inmigrante como competidor".
Los servicios de Acogida y Asistencia de la organización social de la Iglesia católica atendieron a casi 800.000 personas en 2009, de los que algo más de la mitad eran inmigrantes y un tercio de éstos (aproximadamente unos 150.000) se encontraba en situación administrativa irregular.
Mora destacó que el informe "resulta muy oportuno" por varios motivos: "La entrada en vigor hace poco más de un año de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que ha tenido consecuencias prácticas sobre la vida de los migrantes, sobre nuestra intervención y sobre la propia construcción social, así como el contexto económico y social de ajuste frente a la crisis, que ha convertido la inmigración en un asunto de discrepancia y conflicto".
Así, el informe presentado hoy denuncia que muchos Ayuntamientos ponen "barreras" para la inscripción en el padrón, lo que supone limitar el acceso de muchos inmigrantes a servicios básicos como la sanidad y la educación y a ayudas para la vivienda o el empleo.
También subraya que más del 30 por ciento de los inmigrantes se encuentran en paro (frente al 18 por ciento de los españoles) por lo que se ven obligados a aceptar empleos precarios y mal remunerados o en situación de explotación laboral.
Las "graves dificultades" para pagar deudas o hipotecas ha exacerbado las situaciones de hacinamiento y de movilidad residencial, lo que agrava los problemas.
Todo ello unido a la "rigidez" en las condiciones exigidas para la renovación de permisos de residencia y trabajo ha resultado en que "un tercio de los inmigrantes que atiende Cáritas se encuentra en situación de irregularidad sobrevenida".
Cáritas también ha denunciado las deficiencias de las políticas sociales dirigidas a los inmigrantes y, en especial, el "drástico recorte" de los servicios de integración, atención primaria y acogida de inmigrantes.
El informe concluye con una serie de propuestas dirigidas a garantizar el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales básicos. Merecen destacarse las siguientes:
- Garantizar el acceso al Padrón Municipal.
- Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, y cuyo ámbito de aplicación se extienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.
- Ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias.
- Modificar la normativa para solucionar el problema del impago de hipotecas, mediante una reforma legislativa urgente de nuestro sistema hipotecario que proteja a las familias de las graves situaciones que están sufriendo en este tema. Cáritas propone que se adopte el sistema anglosajón de dación en pago.
- Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos.
- Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el borrador de Reglamento de extranjería con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar).
- Velar por el cumplimiento estricto de la ley en los controles selectivos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo y que ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.
- Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a nuestros centros y servicios. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).
- Incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a la Integración.
- De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, solicitamos a todos nuestros representantes que se pongan manos a la obra para impulsar un Acuerdo marco por la Inmigración sobre el que cimentar una sociedad de acogida más plural y cohesionada.
- Detener las actitudes racistas y xenófobas mediante campañas y acciones que combatan los estereotipos que alimentan acciones de discriminación, racismo y xenofobia, y contribuyan a convertir los barrios de nuestras ciudades en comunidades más acogedoras.