La ministra Leire Pajín contradice a la portavoz del CGPJ ante la presión del lobby abortista para permitir el aborto de una adolescente embarazada

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial Gabriela Bravo, recordó, sobre el caso de una niña de doce años de Orihuela (Alicante) que se quedó embarazada tras ser supuestamente violada, que la ley de «interrupción del embarazo» solo permite el aborto por razones de perjuicio para la salud de la madre hasta las 22 semanas de gestación. Pajín aseguró ayer que «no es como consecuencia de la Ley, sino del diagnóstico de los médicos».

05/06/11 10:13 AM

(Agencias/InfoCatólica) Bravo señaló en declaraciones a los medios, momentos antes de presentar un curso de formación sobre la Oficina Judicial, que este caso “está sometido a un procedimiento judicial” y que, por ello no iba a entrar en él, si bien recordó que la ley es clara en esta cuestión.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín intentó justificar que la Ley del Aborto sí contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo en los casos de violación. Leire Pajín realizó estas declaraciones en Alicante, antes de participar en el 56 Congreso de la Asociación de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. "No es como consecuencia de la Ley, sino como consecuencia del diagnóstico de los médicos" ha indicado Pajín, quien ha señalado que estos evalúan el riesgo que supone para la adolescente la intervención abortiva.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupción del Embarazo (ACAI) había lamentado que Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no contemple una “salida legal y humana” para la menor.

Pajín, quien ha señalado que "como persona, esta situación me parece terrible", ha indicado que confía "en las autoridades en materia de política social de la Generalitat Valenciana, que son las que tutelan y tienen la responsabilidad del presente y del futuro de esta niña".

La agresión sexual se produjo supuestamente en noviembre de 2010, pero los Servicios Sociales de Orihuela tuvieron conocimiento del caso el 20 de abril, cuando la menor estaba embarazada ya de más de 22 semanas, y alertaron a la Guardia Civil de la violación. Las Fuerzas de Seguridad detuvieron al día siguiente, día 21 de abril, a un ciudadano ecuatoriano de 39 años como presunto autor de la agresión sexual, que luego fue puesto en libertad por falta de pruebas. La Consellería de Bienestar Social asumió la tutela de la menor.