Se anunciaban hasta en los postes de alumbrado público

Desmontan una red de abortos en Bolivia

 

El pasado miércoles, la Fiscalía cruceña y la Defensoría del Menor de Bolivia realizaron la intervención en un centro asistencial de la capital oriental. En el operativo se detuvo a tres personas: el médico Juan P.F. y otros dos identificados como el enfermero y un auxiliar. El consultorio médico San Juan, ubicado en la zona Pampa de la Isla, era el centro de operaciones de los ilegales, aunque las intervenciones quirúrgicas se realizaban de acuerdo con la elección de las pacientes, es decir en el centro asistencial, en alojamientos o en viviendas particulares.

25/11/11 6:52 AM


 

(La Razón/InfoCatólica) En el centro se encontraron recibos con nombres de pacientes de otros departamentos, lo que hace presumir a la Fiscalía que la red tenía alcance nacional.

En el operativo, los agentes policiales fingieron ser pacientes para ingresar al centro asistencial y aprehender al doctor y sus ayudantes. De acuerdo con el Ministerio Público, el trío de delincuentes -conformado por un médico general, un auxiliar (estudiante de Medicina) y un enfermero- practicaba los abortos en los sitios mencionados, luego de concertar citas con las pacientes. No se especificó la forma de intervención en el caso de los domicilios y alojamientos.

El modus operandi consistía en pegar avisos con números telefónicos. “Embarazadas, ¿necesitan ayuda, buscan una solución a su problema?, llame a 677-50402”, señalaban los anuncios colocados en los postes de alumbrado público de zonas concurridas de la ciudad.  

El médico era el encargado de recibir las llamadas. Después de realizar una pequeña entrevista por vía telefónica a las pacientes, les ofrecía el servicio a un costo de Bs 450, en caso de que el embarazo no fuera mayor a los tres meses. A través de las llamadas telefónicas se pudo evidenciar la participación del galeno en la red.

La fiscal Clara Céspedes declaró que se indaga sobre los abortos que se realizaron en la clínica intervenida. Además, se investigará si efectivamente se realizaron intervenciones en domicilios particulares o en alojamientos y en qué condiciones. Se cree que la red desbaratada venía trabajando en la ilegalidad desde hace tiempo.