Pedro Trevijano Etcheverria: "El aborto y el Gobierno balear"

En España en los últimos años hemos tenido una serie de leyes gravemente inmorales, que pretenden pisotear los principios morales en general y la conciencia personal en particular pues lo legal no es lo mismo que lo moral. Voy a referirme ahora a dos puntos en los que la legalidad de la Ley no impide su profunda inmoralidad: transformar el crimen abominable del aborto en un derecho y reducir la objeción de conciencia a su mínima expresión para no aceptarla en multitud de casos.

Unos individuos que se han opuesto legítimamente a la pena de muerte no pueden tener la caradura de apoyar y considerar como un derecho el aborto, que es simplemente matar a un ser humano. Ya sé que algunos pueden decir que hay científicos, cada vez más minoritarios, que consideran que en los primeros estadios no hay vida humana, pero lo que no pueden demostrar que ahí ciertamente no hay vida humana. Por tanto en la duda destruirla es una inmoralidad, punto en el que estamos de acuerdo creyentes y bastantes no creyentes.

La postura de la Iglesia es clarísima. Cito la Exhortación Apostólica “Sacramentum Caritatis” de Febrero del 2007 de Benedicto XVI, cuyo nº 83 dice así: “Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Cor 11,27-29)”. En pocas palabras, los políticos católicos que atenten contra valores fundamentales, entre los que destaca el respeto y la defensa de la vida humana, no pueden comulgar.

En la lucha a favor de la vida ha habido una buena noticia que quisiera comentar: la decisión del Gobierno de la Comunidad Autónoma balear de emplear a favor de las madres embarazadas, el dinero, quinientos cuarenta mil euros, que antes se empleaba en favorecer el crimen abominable del aborto (Gaudium et Spes nº 51). Creo que se trata de una decisión inteligente que, ojalá, pronto sea imitada por otras Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación.

El segundo punto es la objeción de conciencia. Pueden ejercerla según la actual Ley del Aborto: “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia” (art. 19-2). Es decir no se respeta el derecho a la objeción de aquéllos cuyos actos facilitan la realización del aborto, por ejemplo quienes preparan el quirófano, o los que se nieguen a dar información sobre dónde se pueden realizar abortos, mientras en cambio a todo el mundo le parecería normal no dar información que facilite el cometer una violación o enseñar a un posible cliente donde puede adquirir droga. El libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (5,29 y 4,19), y por ello el seguimiento de la propia conciencia es un deber moral y religioso, que en el plano civil se fundamenta en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

Pero si el actuar contra la propia conciencia está mal, es mucho peor obligar a otro a actuar contra su conciencia. El Beato Juan XXIII, en el Catecismo Joven de la Iglesia Católica nos dice. “Hacer violencia a la conciencia de la persona es herirla gravemente, dar el golpe más doloroso a su dignidad. En cierto sentido es más grave que matarla” (nº 297), y Jesucristo en el evangelio de San Mateo afirma. “No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo” (Mt 10,28). No puede haber duda de la gravísima responsabilidad y pecado de quienes obligan a otros a actuar contra su conciencia, a pecar.

P. Pedro Trevijano, sacerdote