Denuncian al arzobispo de Tarragona por unas declaraciones sobre la homosexualidad conformes al Magisterio de la Iglesia

(Efe) Según ha explicado a Efe el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, la denuncia, que ha sido hoy enviada desde Valencia al fiscal coordinador de delitos de odio y discriminación de Cataluña, pide la apertura de diligencias porque considera que las declaraciones del prelado constituyen un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código penal.

Este artículo castiga con entre uno y tres años de prisión a quienes "difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía".

Según consta en la denuncia, el arzobispo de Tarragona afirmó el pasado día 23 en TV-3, refiriéndose a los matrimonios homosexuales, que él distinguía "entre personas y el comportamiento de las personas. Todas las personas son hijas de Dios (...), pero hay comportamientos que no son adecuados ni para las personas ni para la sociedad; la Iglesia puede hablar, pero después no obligamos a nada porque no tenemos Mossos d'Esquadra ni prisiones".

El presidente de la Asociación de Ex-presos Sociales, que fue encarcelado durante tres meses en 1976 al ser denunciado por una monja por su condición homosexual, ha defendido que las afirmaciones del prelado "constituyen una grave agresión e incitan al odio y la discriminación contra el colectivo LGTB, por lo que debe responder de acuerdo con la ley".

Ruiz sostiene que la Iglesia colaboró con el franquismo en la persecución de los homosexuales "y fue una herramienta de la represión". Según el presidente de la asociación de homosexuales represaliados, desde que se aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo "hemos visto aumentar continuamente las agresiones de la jerarquía de la Iglesia Católica hacia nuestro colectivo".

"Se han vertido descalificaciones tan agresivas como que somos enfermos e inútiles para la sociedad y que nuestra homosexualidad es mala incluso para nosotros mismos", ha señalado Ruiz.

Para el presidente de la asociación, "los obispos distribuyen estas ideas con la esperanza de que la semilla que arrojan arraigue en la sociedad española y crezca el rechazo, la discriminación y el odio de una parte importante de la misma".

Respecto a las disculpas que pidió el arzobispo tras la polémica que suscitaron sus opiniones, Ruiz considera que "los jerarcas de la iglesia católica primero tiran la piedra y luego esconden la mano y solicitan perdón sin asumir nunca sus responsabilidades por el daño efectuado a los ofendidos".

La denuncia ha sido presentada, según Ruiz, porque "este tipo de declaraciones malintencionadas impregnan la sociedad de odio y discriminación hacia las personas que libremente ejercen su sexualidad, especialmente entre sus fieles".

La Asociación de Ex-presos Sociales, que tiene su sede en Aldaia (Valencia), argumenta en su denuncia que las declaraciones de Jaume Pujol tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación y que "las mismas constituyen la base de la derogada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que entre 1970 y 1979 fue el instrumento para la represión de los homosexuales en nuestro país".

La Asociación Cristiana de Gais y Lesbianas de Cataluña (ACGIL) ya deploró un día después de las declaraciones las opiniones del arzobispo y aseguró que su visión negativa se debía a que "su experiencia de la homosexualidad ha sido mal vivida o vivida de forma negativa".