29.03.12
Los sindicatos mayoritarios españoles han convocado para hoy una huelga general para protestar por la reforma laboral aprobada por el gobierno presidido por Mariano Rajoy. Una reforma, dicho sea de paso, que ya figuraba en su programa electoral, con el que consiguió la mayoría absoluta. Se podrá decir que en ese programa no aparecían todos los detalles de la reforma, pero siendo el PP un partido conservador-liberal, todo el mundo sabía por dónde podían ir las cosas.
La Doctrina Social de la Iglesia apoya el derecho a la huelga. Podemos leer en la constitución pastoral Gaudium et Spes lo siguiente:
En caso de conflictos económico-sociales, hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense, con todo, cuanto antes, caminos para negociar y para reanudar el diálogo conciliatorio.
Convendrán ustedes conmigo en que el principal derecho de un trabajador es, precisamente, el de poder trabajar. En España tenemos más de 5 millones de parados, lo cual hace que la situación sea catastrófica, con millones de hogares donde no entra el dinero suficiente como para sobrevivir. El papel de la familia sigue siendo fundamental. Padres que ayudan a hijos, hermanos a hermanos, etc.
Esta reforma busca, en palabras del gobierno, facilitar la contratación reduciendo la indemnización que el empresario ha de pagar en caso de despidos. Es decir, se supone que los empresarios contratarán a más gente si ven que no les va a suponer una carga económica inasumible en caso de que vengan mal las cosas y tengan que despedirles. La reforma permite igualmente que las empresas se pongan de acuerdo con los trabajadores para bajar los sueldos en caso de crisis a cambio de que no se produzcan despidos. Los convenios sectoriales no serán de obligado cumplimiento en esa situación.
Lo que los sindicatos plantean es que facilitar el despido en medio de la crisis puede llevar a que aumente todavía más el paro. También están en contra de que se puedan producir “descuelgues” de los convenios, porque eso llevaría a los trabajadores a estar en una situación de “inferioridad” ante los empresarios, que podrían provocar una bajada muy importante de los salarios con la excusa de no llevar a cabo despidos.
Unos y otros tienen razones y argumentos más que de sobra para sostener sus tesis. Ahora bien, hay cosas que no admiten demasiada discusión. Por ejemplo, que la nueva reforma no pone a España a la cabeza de los países europeos donde el despido resulta más barato. Ni muchísimo menos. Y tampoco es novedoso la cuestión de bajar salarios a cambio de mantener puestos de trabajo. En relación a las legislaciones laborales de los países europeos, la española era la que menos permitía al mercado laboral adaptarse a los tiempos de crisis. Lo cual provoca más cierres patronales que solo sirven para disparar las cifras de desempleados.
Es doctrina de la Iglesia que el trabajador, en cuanto a ser humano, no puede ser un factor más en la economía de mercado. Detrás de cada despido no hay una mera disminución del costo laboral sino una tragedia humana. También es doctrina católica el derecho a un salario justo. Cuando millones de personas buscan empleo, existe la tentación de aceptar cualquier cosa a cualquier sueldo. Y eso deja la puerta abierta a todo tipo de abusos.
Mi opinión es que esta huelga general es de índole político. Los sindicatos mayoritarios en España, fotocopias de los partidos de izquierda, tienen una credibilidad social muy deteriorada. Apenas movieron un dedo cuando pasamos de 2 a 5 millones de parados. Viven de las subvenciones y no de las cuotas de sus afiliados. Están instalados en un discurso propio del sindicalismo anterior a la caída del Muro de Berlín. Que es precisamente el mismo que se sostiene desde los movimientos obreros de Acción Católica. Cuando para defender los derechos de los trabajadores se caen en excesos propios de la extrema izquierda, el resultado es que no se consigue nada.
A todo esto, la mayor parte de los obispos no han caído en la trampa fácil de dejarse embaucar por los cantos de las sirenas sindicales y progre-eclesiales. Sólo uno se ha unido a ese coro. Allá él. Como bien dice Paco Pepe en uno de sus posts:
… Algora debería preocuparse. Si quienes han asumido la misión, bien triste por otra parte si la pretenden desde una cierta eclesialidad, de combatir constantemente a la Iglesia, te adoptan como el obispo Supermán hay algo qur lo está haciendo muy mal. Muy mal eclesialmente. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. Pues con quien anda es evidente.
En conclusión. Para un trabajador católico es perfectamente legítimo acudir a la huelga si cree que sus derechos se ven amenazados. Tan legítimo como no permitir que le usen como instrumento de presión por una clase sindical que vela más por sus intereses particulares que por el bien común. Quienes para reivindicar su derecho a la huelga atacan el derecho a trabajar de los demás -y eso es lo que hacen muchos piquetes- pierden toda legitimidad para ser representantes de los trabajadores.
No sé cuál será el resultado de la reforma laboral. El gobierno insiste en que sea cual sea el resultado de la huelga, no cambiará nada. Para eso ha recibido el mandato del “pueblo soberano". Para gobernar. Si lo hace mal, a la calle dentro de cuatro años. Pero mientras tanto, lo que España necesita no es una huelga que empeore la situación económica -como mínimo nos va a costar 3.000 millones de euros- sino que todos arrimen el hombro y trabajen para sacar adelante el país.
Luis Fernando Pérez Bustamante