Se negó a declarar ante el juez

La religiosa española imputada por el robo de bebés se declara inocente en una carta a los medios

 

Se negó a hablar ante el juez pero no ante la opinión pública. Sor María, la monja Sor María Gómez Valbuena, imputada por el presunto caso de robo de bebés, ha asegurado mediante una carta enviada a los medios que los hechos que le imputan son «completamente falsos». Además, ha añadido que le «repugna» la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre. Según el fiscal jefe de Madrid la denuncia «está muy bien fundamentada» y hay pruebas evidentes contra Sor María, que acaba de cumplir 87 años de edad y está muy frágil de salud.

13/04/12 9:20 AM


(Agencias/InfoCatólica) "Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señala la religiosa en la carta.

La monja expresa sus disculpas si no ha sabido "atender correctamente" a los medios de comunicación tras negarse a declarar en la mañana de ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que ha mantenido su imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

Sor María asegura que "es completamente falso lo que me atribuyen en la denuncia". Por el contrario, manifiesta, ha dedicado su larga vida -recuerda que acaba de cumplir 87 años- "a ayudar a los más necesitados de manera interesada, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas".

La monja traslada su agradecimiento "de corazón" a todas las personas e instituciones que la han apoyado con muestras de afecto, respeto y consideración.

Por último, la religiosa, a la que María Luisa Torres acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, indica en la misiva que espera que la situación por la que está pasando "se resuelva a la mayor brevedad".

La defensa de su inocencia llegó horas después de acudir al juzgado donde estaba citada como imputada y no "denunciada", como precisó Sor María en su misiva. Lo hizo a las 8,00 de la mañana, una hora y media antes de la hora prevista, vestida con el hábito de las hermanas de la Caridad y acompañada de otra religiosa y de su abogado, José María Calero Martínez, el letrado que defiende en Sevilla a la familia de Marta del Castillo.

Frágil por la edad, pero "intacta de mente", según los presentes en la sala, dijo que se acogía a su derecho a no declarar. Esta decisión se debe a que después de transcurrir 30 años de los hechos "no recuerda nada y le parece descabellado todo el relato, además está muy frágil de salud", según fuentes judiciales.

El juez Adolfo Carretero ha citado hoy a declarar como testigos a los padres adoptivos de esa supuesta "niña robada" y tiene previsto practicar nuevas diligencias. 

Censo de niños robados

Por su parte, el Gobierno creará un censo de posibles afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90 y propondrá a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la filiación natural. 

Se trata de varios de los compromisos alcanzados este jueves por los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Sanidad, Ana Mato, e Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante una reunión mantenida con una decena de representantes de asociaciones de afectados en el Palacio de Parcent.

Gallardón ha subrayado la obligación que tienen los poderes públicos de aportar toda la ayuda que esté "en sus manos" para tratar de resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido los afectados y que "provocan un efecto de angustia".

"El Gobierno no va a desfallecer en ningún caso y va a llegar e insistir ahí hasta donde se pueda llegar", ha remarcado el titular de Justicia, antes de anunciar un catálogo de medidas en las que estarán implicados los tres departamentos ministeriales, la Fiscalía, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.