UCV | NOTA DE PRENSA

Una experta de la ONU advierte de que los recortes vulneran los derechos de los niños con discapacidad recogidos en la Convención Internacional

 

La Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad ha intervenido en los cursos de verano de Santander de la Universidad Católica de Valencia


Ana Peláez, Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha participado hoy en los cursos de verano que la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” celebra estos días en Santander con la ponencia ‘Problemas actuales para el disfrute de los derechos por los menores con discapacidad en España’.

En opinión de Peláez, los recortes presupuestarios ante la crisis, hacen que los derechos fundamentales expuestos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -como el de recibir una “educación inclusiva de calidad” o el de recibir una “asistencia adecuada”- son “vulnerados aún más”.

Para esta especialista, la inclusión es la herramienta clave “para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños con discapacidad”. “La inclusión escolar no es meter a un niño con discapacidad en una clase corriente sino establecer los mecanismos necesarios para que participe de igual a igual con el resto de niños en las distintas actividades”, ha apostillado. Asimismo, Peláez ha aclarado que el término “inclusión” no está relacionado únicamente con el entorno escolar, sino también “con la vida recreativa y con todos los aspectos de la vida comunitaria”.

“A veces, muchos padres pecamos al pensar que lo importante para nuestros hijos es únicamente la educación y la salud. Otros aspectos fundamentales, como garantizar la relación entre iguales, de modo que los niños con alguna discapacidad se vean incluidos en el grupo comunitario del resto de niños, no los valoramos en su justa medida”, ha remarcado.

Al problema de los recortes, Peláez ha sumado que a la Unión Europea le falta sentirse “verdaderamente concernida” por la Convención. “Lamentablemente, artículos de la Convención como el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley se ponen en entredicho en muchos estados miembros. La UE ha ratificado esta convención, por lo que no tiene ningún sentido que sea así”, ha afirmado.

En opinión de la experta de la ONU, cambiar la concepción que se tiene sobre la discapacidad “suponen también cambiar la forma de concebir los derechos humanos” y la ausencia de la formación necesaria para realizar ese cambio “se percibe en muchos legisladores y políticos europeos”.

La  experta de la ONU ha indicado que España es un país “especialmente solidario”, merced a una política de cooperación “avanzada”, pero se debe tomar en consideración en los programas de cooperación que los niños con discapacidad “deben estar en igualdad de oportunidades”. Según ha explicado Peláez, los niños con discapacidad en zonas pobres que han sufrido catástrofes “están en una situación de especial peligro ante abusos de todo tipo”.

En relación a la igualdad de los niños con discapacidad ante la adopción, esta especialista, ha denunciado que estos son considerados en muchos países una mercancía “defectuosa”, por lo que no siempre “se asegura la igualdad de acceso a la adopción”. En primer lugar, porque los países de origen no respetan como deberían el derecho del niño con discapacidad; y en segundo, porque “no se trabaja bien en la concienciación de las familias adoptantes de que un niño con discapacidad no es un problema sino algo que les enriquecerá”.

 

JOSÉ MIGUEL DE LA ROSA: “LA SEPARACIÓN DE UN MENOR DE SU FAMILIA DE ORIGEN DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO ANTE UNA SITUACIÓN MUY GRAVE”

José Miguel de la Rosa, Fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, ha intervenido también hoy en el curso de Derecho con la ponencia ‘El derecho de los niños a la estabilidad familiar: Tratamiento de los niños privados de su entorno familiar’. En la misma, De la Rosa ha declarado que la separación de un menor de su familia debe ser “el último recurso ante una situación muy grave”.

“La desvinculación de un menor de su familia de origen tiene una repercusión tremenda en su vida futura, por lo que todas las circunstancias que rodean cada caso deben ser evaluadas con muchísimo cuidado para tratar de garantizar en la medida de lo posible de que esa dramática decisión es la más adecuada”, ha expuesto.

A pesar de que se produzca la separación, De la Rosa ha insistido en que buscar una familia alternativa al menor es una medida orientada “hacia la reanudación de las relaciones con la familia de origen”. Para este fiscal calibrar cuándo se ha agotado las posibilidades de reunir al menor con su familia de origen es, quizás, la decisión “más difícil” porque normalmente acabará en una adopción, con lo que se rompen “todos los vínculos con la familia de procedencia”.

Preguntado por la evolución en datos de las separaciones de menores de sus familias de origen, el jurista de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que la descentralización que esta materia tiene en España por comunidades autónomas, “hace que los datos estadísticos nacionales no estén demasiados claros”. “Precisamente, ahora se está tratando desde la de elaborar un programa informático que nos reporte unos datos más fiables de cara a un análisis de la situación”, ha añadido.

La tarea fundamental es la de prevención, según ha subrayado De la Rosa, realizada por los servicios sociales. Para este especialista antes de tomar una decisión dramática de separación “hay que trabajar con la familia a través de los recursos de los servicios sociales en el entorno del menor”.

El fiscal ha señalado que se han hecho “esfuerzos importantes” desde la Fiscalía General del Estado a través de las secciones especializadas de menores de las fiscalías provinciales en todo el territorio español y a través de la Fiscalía Coordinadora de Menores, de reciente creación. En relación a esta nueva figura, De la Rosa ha remarcado que su función principal es la de establecer “criterios comunes, unificar e impulsar toda la actuación de protección” aunque queda “muchísimo”. Para este jurista la Fiscalía Coordinadora de Menores “es de vital importancia para el bienestar de los menores españoles”.