28.09.12
Lo siento, no he podido resistirme a poner este titular. Como sabrán los lectores, Maricruz Tasies-Riba, que tiene el blog Deo omnis gloria aquí en InfoCatólica, es costarricense. Tiene pues el gusto de pertenecer a un país como Costa Rica, donde no sólo el aborto es ilegal, sino también la fecundación in vitro, ya que esta técnica no respeta adecuadamente el derecho a la vida, además de ser en sí inmoral según la doctrina de la Iglesia.
Esta característica especial de Costa Rica, como es lógico, ha granjeado al país centroamericano gran cantidad de enemigos. La organización proabortista Center for Reproductive Rights presentó contra ella una demanda por “vulneración de los derechos humanos” ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Hasta aquí, todo normal. Lo que no es tan normal es que se sume a la acusación contra Costa Rica uno de los centros de la Escuela de Derecho Loyola que los jesuitas tienen en Los Ángeles, intentando que el Tribunal obligue a Costa Rica a permitir la fecundación in vitro.
Costa Rica es uno de los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José, por haber sido firmado precisamente en la capital de Costa Rica). Esta convención tiene la particularidad de defender el derecho a la vida del no nacido, desde su concepción. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Art 4,1). Otros firmantes del Pacto son Nicaragua, Guatemala, Paraguay, El Salvador, etc. Algunos países, como México, firmaron el Pacto pero con la reserva de que, para ellos, este artículo no supone la obligación de aprobar leyes que defiendan la vida del no nacido.
El año 2000, el Tribunal Constitucional de Costa Rica consideró que la fecundación in vitro era inconstitucional, al ser un procedimiento que no respeta el derecho a la vida de los embriones “sobrantes” que se desechan. En 2004, la organización Center for Reproductive Rights presentó una demanda contra Costa Rica ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por haber “vulnerado los derechos humanos” de dos parejas que querían utilizar esta técnica. El proceso continúa en curso actualmente.
La organización proabortista no está sola en su empeño. La Cardinal Newman Society ha hecho público hoy que un centro de la Escuela de Derecho Loyola de Los Ángeles, perteneciente a los jesuitas, anunció en su página web que en junio de este año presentaría ante el Tribunal un “amicus brief", es decir, un informe favorable a la postura del demandante abortista. Una de las actividades de la Escuela es la “Clínica Internacional de Derechos Humanos", que no es una clínica en el sentido médico del término, sino un centro jurídico dirigido por el catedrático Cesare Romano en el que los estudiantes pueden conseguir créditos “trabajando en casos reales de vulneraciones de los derechos humanos que se producen en varios países del mundo". En el curso pasado, trabajaron solamente en cinco casos de este tipo. Por lo visto, una de esas vulneraciones para el centro jesuita es el hecho de que Costa Rica prohíba una práctica que acaba con la vida de niños no nacidos y es considerada inmoral por la Iglesia.
No contentos con atacar a uno de los poquísimos países del mundo que defiende el derecho a la vida en este ámbito, lo proclaman orgullosos en su página web. En ella, además, ofrecen unas curiosas razones para que las tenga en cuenta el tribunal y falle contra Costa Rica. Una de estas razones es que los demás países americanos permiten la técnica, por lo que debería ser ilegal que Costa Rica la prohíba. Viene a la mente el viejo refran español mal de muchos, consuelo de tontos: “Hemos mostrado al Tribunal que la prohibición total es una medida excesiva, mostrando cómo la fecundación in vitro se regula en todos los países americanos, señalando que Costa Rica es la única que la prohíbe". Después, afirman que prohibir la fecundación in vitro es contraria a una serie de tratados contra la discriminación o la violencia contra las mujeres. Como argumento final, se anunció la intención de “recoger firmas entre académicos y ONGs internacionales activas en el campo de los derechos reproductivos".
Quizá lo más significativo es que el centro urge “al Tribunal a evitar entrar en el terreno difícil de definir cuándo comienza la vida”, para centrarse en argumentos puramente positivistas, como los mencionados más arriba.
No sé qué se enseñará en la Escuela de Derecho Loyola, pero si esto es una muestra de ello, la situación debe de ser desoladora. Olvido y exclusión intencionada de la Ley Natural, el positivismo más salvaje, desprecio de la doctrina de la Iglesia, defensa del “derecho humano” a acabar con la vida de los niños no nacidos, colaboración con una organización internacional abortista y promoción de los vergonzosos “derechos reproductivos” que incluyen el aborto, la ideología de género y los anticonceptivos. Y a todo esto se añade la vergüenza de intentar presionar, de forma totalmente gratuita, a un país valiente que no se pliega al mal.
Señor, ten piedad.