Reunión de la plenaria de la Conferencia Episcopal
Los obispos bolivianos muestran su preocupación por la expansión del narcotráfico en su país
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó ayer su preocupación por «la expansión del narcotráfico» y la supuesta manipulación de la justicia, hechos que «atentan a la dignidad, a la libertad y a la vida misma de los bolivianos». Así se manifiestan los obispos bolivianos mediante un mensaje difundido por el presidente de la CEB, el cardenal Julio Terrazas, al iniciar la asamblea plenaria en la ciudad central de Cochabamba.
09/11/12 9:58 AM
(Efe) El mensaje señala que la iglesia Católica «no ha estado al margen de la vida del país» y que «tampoco lo puede estar ahora» ante «nuevos hechos que atentan a la dignidad, a la libertad y a la vida misma de los bolivianos».
Uno de esos hechos es la «expansión del narcotráfico que corroe el espíritu de nuestro pueblo y hace estragos en nuestra juventud».
Otra de las preocupaciones de los obispos es que la Justicia boliviana «sigue mostrando formas y rostros de un pasado de manipulación y de amedrentamiento».
«Es inhumano ver a personas respetables, ancianos, o enfermos, tratados como condenados sin haber sido siquiera juzgados. En todas las leyes es necesario privilegiar el principio fundamental de la presunción de inocencia de una persona», señala la nota.
Agrega que «urge orientar a todos en la búsqueda de una amnistía fruto de la justicia y un medio que dignifique a los privados de libertad»
La CEB ya pidió en septiembre pasado a las autoridades bolivianas una amnistía para las decenas de «encarcelados, exiliados y refugiados políticos» como un gesto de «reconciliación», y tildó de «aberrante» usar la justicia para perseguir a los disconformes con el «proyecto político» que vive el país.
Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder en 2006, decenas de opositores se refugiaron o asilaron en Brasil, Perú, Paraguay, Estados Unidos y España alegando persecución política del Gobierno, mientras que las autoridades sostienen que se trata de personas que huyen de procesos de corrupción.
Uno de los casos de asilo es el del senador opositor Roger Pinto, refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el pasado 28 de mayo con el argumento de que es víctima de una «persecución política» por sus denuncias de corrupción y connivencia con el narcotráfico contra el Gobierno, que ha rechazado la denuncia.