24.12.12

 

Cuando los obispos catalanes que han hablado del asunto se han puesto al lado del totalitarismo nacionalista (1 y 2
), en su vertiente linguística; cuando ni un solo obispo del resto de España había abierto la boca sobre el tema; cuando parecía que la Iglesia en este país no iba a pronunciarse sobre algo tan elemental como el derecho de todos los niños españoles a recibir las clases en el idioma oficial en todo el estado, aparece el cardenal Rouco para constatar lo obvio:

«Los padres tienen derecho a que los hijos se eduquen en la lengua que los padres determinen. Es un derecho fundamental de la familia, que no puede ser suplido ni negado por la autoridad. El derecho de los padres es primario y primero y el derecho del Estado es subsidiario»

Don Antonio María pone el dedo en la llaga: ¿Quién tiene derecho a dictaminar cómo han de ser educados los niños y jóvenes? ¿el estado o los padres? El cardenal ha situado la cuestión en sus justos términos. Por encima de la cuestión nacionalista-identitaria está el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Un derecho que abarca TODO, no solo el tema del idioma. En ese todo entra, como no podía ser de otra manera, la enseñanza moral y religiosa. En ese sentido, el arozbispo de Toledo y primado de España, Mons. Braulio Rodríguez, tuvo ayer una muy feliz intervención señalando que lo único que la Iglesia defiende es que la asignatura de religión tenga en el currículum escolar el lugar que se merece y que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias.

Obviamente el estado puede limitar el derecho de los padres cuando estos educan a sus hijos en la violencia, el odio, etc. Pero todos sabemos que no es eso lo que se discute en la reforma educativa propuesta por este gobierno. Los ataques contra dicha reforma vienen de los que odian la libertad religiosa -izquierda- y los que odian España -nacionalistas-. Unos y otros van de la mano en sus ataques al ministro Wert. Un ministro que solo quiere que se cumpla la Constitución en materia de enseñanza religiosa y las sentencias de los tribunales sobre el uso del castellano como lengua vernácula para los alumnos cuyos padres lo soliciten. Que un cardenal apoye eso no implica meterse en política. Implica defender cosas que deberían estar por encima de cualquier ideología que se precie de ser democrática.

Y aun así, el presidente de la CEE advierte que sigue sin garantizarse plenamente algo tan importante como la elección efectiva de centro escolar. Si dicha elección no es siempre posible, queda limitado el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Es bueno que el cardenal señale ese punto.

Ni que decir tiene que la claridad de las palabras del arzobispo de Madrid provocará una reacción virulenta de los sectores nacionalistas-secesionistas. Pero, bueno es que se sepa, el cardenal Rouco no se tira a esa piscina sin tener claro que, en caso de conflicto con los obispos catalanes, Roma está de su lado. Y si algún obispo catalán duda de esto que digo -pocas veces me mojo de una manera tan clara-, que pruebe a preguntar en la Santa Sede. Vayan ustedes allá y entérense de lo que se rumia en torno a la Sede Apostólica en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña. Que un obispo católico niegue a un niño español -sea catalán, vasco, navarro, gallego, valenciano o balear- su derecho a recibir las clases en español (castellano) no se puede comprender ni en España ni en Roma ni en el resto de la Iglesia. Y o los obispos catalanes comprenden eso, o antes o después de encontrarán con que alguien de más autoridad que el cardenal Rouco diga lo que ha dicho él.

Luis Fernando Pérez Bustamante