29.08.13
En enero de 2012, en mi artículo Fobia anticatólica me referí a que en medio de escandalosos hechos que protagonizaron miembros del clero irlandés, RTE (Radio - Televisión de Irlanda) a través del programa Prime Time Investigates, mediante un vil montaje, linchó civilmente al padre Kevin Reynolds, acusándolo de haber violado y embarazado a una menor de edad en Kenia en 1982. El canal televisivo admitió finalmente haber difamado al padre Reynolds.
Aunque felizmente fue relativamente rápida la rectificación de la infamia en contra del clérigo irlandés, éste tuvo que pasar un trago amargo ante la presión mediática de un infundio gratuito y perverso.
El sacerdote salesiano José Carlos Contreras, pasó por un viacrucis más largo. Era octubre de 2007, desempeñaba su ministerio sacerdotal en el Instituto Carlos Gómez que los salesianos tienen en San Luis Potosí, Mexico. El 22 de ese mismo mes, a primeras horas del día, en el salón de usos múltiples del establecimiento educativo, era encontrado el cadáver de la alumna del mismo, Itzachel Shantal González López, joven de 16 años de edad, con signos de que también había sido abusada sexualmente. La madre de la joven la había reportado como desaparecida al director del colegio desde el 20 de octubre de ese mismo año, cuando se encontraba realizando actividades extracurriculares en el instituto.
El 7 de octubre, el padre José Carlos Contreras Rodríguez fue puesto a disposición del juzgado que emitió la orden argumentándole que en 72 horas sería puesto en libertad por no existir una real acusación en su contra, señaló Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.
Si se halla una persona con un cuchillo sangrante en una zona en la que hubo poco antes un apuñalamiento, hay motivos para sospechar con seriedad que fue el autor del crimen, lo que no supone que lo fuera. En otros casos se detiene a una persona sin garantía alguna, sólo por una ligera sospecha o por una denuncia no controlada.
El mero hecho de que las autoridades dispongan encarcelar a una persona, no significa ni que sea culpable, ni que pueda justamente privársele de libertad. En el caso del Padre José Carlos Contreras, corrientes anti católicas publicaron incluso un libro acusándolo de violador y criminal, sin antes haberse pronunciado la justicia.
Un individuo puede ser detenido, porque hay informes, sospechas o serios testimonios contra él, pero no se le puede dejar abandonado en una celda carcelaria, sino cuanto antes ha de intervenir el juez para probar su delito o su inocencia, porque si no se cumple este recaudo, ¿quién indemniza a este posible inocente de la pérdida de libertad, o sea de un derecho natural que nadie le debe ni le puede quitar?
Cuatro años ha estado injustamente encarcelado este ministro del Señor.
La Inspectoría salesiana Cristo Rey y María Auxiliadora denunciaron en su momento que
el Estado de San Luis Potosí en un contubernio entre el poder ejecutivo local y el poder judicial del Estado han insistido sin fundamento jurídico válido y suficiente, en señalar como responsable del mencionado crimen al sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez quien reiteramos su inocencia, negándose el Estado a seguir cualquier otra línea de investigación, y esto aun contando con el testimonio de numerosas personas que señalan como probable responsable de este crimen a una persona de la cual incluso se cuenta con retratos hablados y señalamientos directos en el expediente, más aún no hay prueba alguna que incrimine a nuestro querido José Carlos.
El 23 de agosto, mientras las crónicas de San Luis Potosí señalaban que «tras dejar libre al sacerdote salesiano, Carlos Contreras Rodríguez, el gobierno del estado se vio envuelto en controversia y rechazo por parte de la ciudadanía», el Secretario General de Gobierno Cándido Ochoa Rojas, declaraba que «de forma institucional o personal, no habrá una disculpa pública a la comunidad salesiana», el mismo diario informaba que el funcionario señalado ingresaba ese día a la francmasonería, bajo el rito escocés antiguo y aceptado de la Gran Logia del Estado «El Potosí».