Ellos reciben ayudas públicas

Una asociación de ateos paga cinco euros por cada crucifijo que se retire de instalaciones públicas

 

Por cada símbolo religioso que sea retirado de las instalaciones de un organismo financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores pagará cinco euros. La asociación, agraciada con subvenciones públicas, inicia esta campaña con la que trata de seguir expulsando toda señal cristiana de la vida pública. Según el grupo, «los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que ayude a prestar un servicio público mejor o de forma más eficiente».

10/07/14 11:48 AM


(HO/InfoCatólica) Con su campaña Descuelga un crucifijo por los servicios públicos dice pretender «incentivar razonada y económicamente» el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos, cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos.

«Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en instituciones religiosas que es donde tienen que estar», señala Antonio Pérez Solís, presidente de la asociación, en declaraciones recogidas por ACI Prensa. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, sólo el 26,1% de la población española se declara no creyente, agnóstica o atea.

El procedimiento

La campaña incluye cualquier organismo estatal, autonómico o local que realice su función en la Comunidad Valenciana. El responsable del centro es quien contactará con la asociación. «No podemos pedir a un empleado que descuelgue el crucifijo porque no tiene la facultad de hacerlo y se mete en un lío», dice Solís. «¿Estarán por la labor los directores de los centros?».

El gobierno valenciano, regido por el Partido Popular, ha exigido en numerosos centros públicos, (escuelas, hospitales, etc) que se retiren los símbolos religiosos basándose en «la aconfesionalidad del Estado reflejada en la Constitución».