Los recientes descubrimientos de fosas comunes en Tailandia y Malasia con cadáveres de supuestos migrantes birmanos están revelando la magnitud que el tráfico de seres humanos tiene en los países del Sudeste Asiático, un escenario que claramente puede equipararse a la tragedia que viven a diario los miles de personas que se lanzan a las aguas del Mediterráneo para intentar alcanzar las costas europeas.

El drama adquiere todavía mayores similitudes con el que vivimos en nuestro propio entorno geográfico, a la vista de las imágenes de embarcaciones atestadas de inmigrantes birmanos exhaustos, que navegan a la deriva en aguas de Tailandia y Malasia a la espera de ser acogidos por algunos de estos países.

La extrema vulnerabilidad de los rohingya

El caso del pueblo rohingya es especialmente crítico en este escenario migratorio, ya que al ser un pueblo de apátridas, sin nacionalidad ni ciudadanía reconocida por ningún Estado, su vulnerabilidad se incrementa doblemente y se convierten en objetivo prioritario para el negocio inhumano de la trata de personas.

Carentes de reconocimiento legal en su país de origen, Myanmar, donde son considerados como auténticos parias, los rohingya no pueden iniciar ningún proceso migratorio regular. Además, dado que tanto Tailandia, como país de tránsito, como Malasia, como país de destino preferente de esta comunidad, no son firmantes de la Convención para el Estatuto de los Refugiados de 1951, no pueden acogerse a los derechos recogidos en la misma cuando consiguen entrar en estos países.

Estas condiciones de máxima vulnerabilidad son ampliamente aprovechadas por las mafias de traficantes. Además de cobrarles por el viaje a terceros países, los traficantes pueden después “vender” a los viajeros, quienes, además, tendrán que pagar a sus “empleadores” el coste que estos hayan pagado por ellos o ser objeto de explotación laboral mientras los traficantes reclaman a sus familias un rescate. Este círculo de explotación puede acabar en la muerte de sus víctimas, como demuestran las fosas comunes recién descubiertas.

Respuesta regional en clave de derechos humanos

El Gobierno de Tailandia está revisando tanto su legislación como sus políticas en materia de migración y tráfico de personas, sobre todo a raíz de que Estados Unidos incluyera a este país asiático en el grupo de aquellos cuyos Gobiernos no cumplen con los estándares mínimos en la lucha contra el tráfico de seres humanos. Asimismo, las autoridades de Bangkok han puesto en marcha diversas medidas de control y mejora de la situación de los migrantes en el país. Sin embargo, el respeto y la protección de los derechos humanos siguen sin estar la base de las respuestas políticas que todos los Gobiernos del Sudeste Asiático están obligados a articular sin demora para afrontar este grave problema migratorio.

Reunión de la Asean en Bangkok

Más de 3.000 personas, entre bengalíes y rohingya, han desembarcado en Tailandia, Indonesia y Malasia en lo que va de mes, y se calcula que unos 6.000 más están aún abandonados en el mar. Hoy viernes tiene lugar en Bangkok, convocada por el Gobinero tailandés, una reunión de los miembros de ASEAN (Asociación del Sudeste Asiatico) y otros países, así como organizaciones internacionales, a la que asiste también el Gobierno de Myanmar, con el fin de encontrar soluciones regionales a la actual crisis.

Por su parte, la Comisión de Migraciones y la Oficina de Emergencias y Refugiados de Cáritas Tailandia, y la Caritas Diocesana de Suratthani están participando en las plataformas de la sociedad civil que reclaman acciones urgentes y soluciones duraderas para este problemas, basadas en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de estos “descartados” del siglo XXI. Estas plataformas –como el Grupo de Trabajo sobre Migrantes y la Red Asia Pacífico para los Derechos del Refugiado– han reclamado de forma reiterada a los Estados su obligación de tomar medidas legales y eficaces contra el tráfico de personas, así como de prestar ayuda a los inmigrantes en base al respeto de los derechos humanos y los principios humanitarios.

En concreto, la Red Asia Pacifico viene insistiendo en que “todas las personas tienen el derecho de pedir y recibir asistencia humanitaria y protección internacional. Este principio es aplicable en el contexto de los rescates en el mar y de operaciones marítimas de intercepción. Todas ellas deben asegurar el acceso a tierra y a un procedimiento completo y justo de asilo para aquellos que expresen una necesidad de protección internacional. Ningún refugiado debe ser penalizado por el modo en que han entrado en un país. Los acuerdos de recepción de personas rescatadas en el mar también tienen que cumplir con los estándares internacionales”.

Programas de acogida de Cáritas en Tailandia

Para Cáritas, es especialmente relevante que se aborde este problema desde un enfoque regional. La alta movilidad humana del Sudeste Asiático, motivada bien por oportunidades laborales como por conflictos o situaciones de exclusión y persecución, es un aspecto central de este drama que exige medidas comunes y coordinadas para garantizar el reconocimiento y el respeto de los derechos de cada persona.

Cáritas Tailandia lleva más de 25 años asistiendo a refugiados de Myanmar, peticionarios de asilo y migrantes  laborales. Cáritas Española, dentro de su opción de acompañar a los últimos y no atendidos en cualquier lugar del mundo, apoya desde hace 7 años sus proyectos de protección y asistencia humanitaria en los campos de refugiados, de promoción de la educación para la infancia migrante, de acceso a los derechos legales y de prevención del tráfico de personas.

(Cáritas)