Sigue el acoso y derribo contra el arzobispo de Granada

Algunos mercenarios del periodismo religioso no pararán hasta conseguir que el Papa les haga caso y cese al arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez. Un arzobispo que, desgraciadamente, y a falta de sentencia canónica y penal, se ha encontrado en su diócesis con un caso de abusos por parte de al menos un sacerdote, con la posible complicidad de otros presbíteros e incluso algún seglar, que forman lo que se conoce como el clan Romanones.

Ni es el primer obispo que afronta un caso así ni probablemente será el último. Ahí tenemos el caso bien reciente de Oviedo, uno de cuyos sacerdotes acaba de ser expulsado del estado clerical por el Papa. Voy a ser claro. La diferencia entre Oviedo y Granada es que la diócesis asturiana no es objeto de las apetencias de ningún carrerista de vía estrecha que esté apoyado por esos mercenarios. Granada sí lo es. Ahora bien, ese carrerista tiene un problema. El Papa se ha dado cuenta de la jugada. Y en cuanto vio lo que pasaba, pidió recibir personalmente a don Javier para mostrarle su apoyo. Eso es un hecho.

Es también un  hecho que cuando los obispos andaluces salieron en apoyo del arzobispo de Granada y denunciaron la campaña de mentiras y calumnias contra él, uno de los prelados del sur de España recibió una bronca de parte de cierto sector de la ejecutiva de la CEE. En otras palabras, para que quede claro, por mucho que por razones de diplomacia eclesial nos quieran vender otra cosa, lo cierto es que la campaña contra don Javier contaba, y me temo que sigue contando, con apoyos dentro de la propia Iglesia en España.

En medio de todo, el juez que lleva el caso Romanones lleva tiempo pidiendo al arzobispo de Granada que le entregue los interrogatorios que se produjeron dentro de la causa canónica abierta para juzgar el caso desde la propia Iglesia. Pero resulta que, como ocurre en este tipo de delitos, es Roma, concretamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien se hace responsables de las causas. Y, a menos que alguien demuestre lo contarion, un obispo no puede dar todo el material de los expedientes a menos que Roma dé el visto bueno. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Cito de la nota de la archidiócesis de Granada:

Tan pronto el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos, trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, única instancia eclesiástica competente en el tema, que en carta del 28 de mayo autoriza al arzobispo a entregar al juez la documentación solicitada, «con el propósito de que la autoridad judicial civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos».

Existen teóricamente dos posibilidades. Una, que el arzobispo mienta y no hiciera falta el permiso de Roma para cumplir lo que le pide el juez. Dos, que diga la verdad. Si miente, si es cierto que ha sido Roma quien ha “forzado” al arzobispo a entregar esa documentación en vez de atender a su petición, a la calle con él. Nos habría dejado en evidencia a todos los que creemos -más bien sabemos- que está actuando como se debe. Si dice la verdad, quienes deberían ir a la calle -al menos al rincón de la ignominia- son los que siguen adelante con la operación de caza y captura contra su persona. Y con ellos, los apoyos eclesiales que tienen, cómplices de dicha operación. A todo esto, esa operación es una más entra las muchas organizadas por esos mercenarios. Hay otras igualmente repugnantes, como la que llevan a cabo contra el cardenal Rouco, a quien ni siquiera respetan una vez jubilado y me temo que tampoco le respetarán una vez muerto, cosa que espero que ocurra dentro de muchos años. Que haya obispos españoles que les rían las gracias a esos lacayos del periodismo es una vergüenza. Demuestra lo que entienden por comunión, por amor hacia sus compañeros de episcopado.

Por último, no sé hasta qué punto le pueden resultar útiles a un juez unos interrogatorios realizados sin abogado en el marco de una investigación eclesial. En el código de derecho canónico hay delitos que no son tales en el código penal español. Y la manera de llevar una investigación canónica no es, ni de lejos, la misma que en el marco de un proceso penal. No es que sea mejor o peor, más o menos garantista. Es que, sencillamente, no es igual. Además, en casos así cualquier obispo está obigado a colaborar con las autoridades civiles y judiciales, pero no a costa de pisotear los procedimientos de la propia Iglesia. Por eso, la nota de la archidiócesis de Granada contiene este párrafo:

En la comunicación al juzgado, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación, al tratarse de documentación obtenida en el ámbito eclesial y que responde a la normativa canónica propia de ese ámbito.

No es para nada descartable que el caso Romanones se sustancie con apenas alguna condena por parte de la justicia española (el propio juez declaró prescritos todos los delitos menos uno) y con varias condenas a nivel eclesial. Y es que, en todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales con menores, la ley canónica es bastante más estricta que la ley española. España acepta que haya adultos que mantengan relaciones sexuales con menores de edad (16 y 17 años) siempre que no haya abusos de por medio. La Iglesia, no.

 

Luis Fernando Pérez Bustamante