El Vaticano recuerda: un concejal puede acogerse a la objeción de conciencia para no casar homosexuales

El Parlamento italiano ha aprobado recientemente la ley de uniones civiles que establece un estatuto para las parejas que conviven -tanto heterosexuales como homosexuales- y crea para las homosexuales una unión civil particular calificada de "formación social específica". A diferencia de la ley española, la italiana no llama con la palabra "matrimonio" este tipo de "uniones civiles" entre personas del mismo y diferente sexo lo que para el Pontificio Consejo de la familia es una diferencia terminológica importante.

Sin embargo, la ley italiana facilita que en un futuro se pueda acceder al útero en alquiler y que la cuestión terminológica de la palabra matrimonio, quede vacía de contenido. “Hoy por hoy, estas uniones civiles ya consienten la adopción del hijo de la pareja del mismo sexo”, explican a Religión Confidencial fuentes del Pontificio Consejo de la Familia en el Vaticano.

Desde este Consejo, recuerdan a este Confidencial que aunque la ley española usa la palabra matrimonio y la ley italiana todavía no, “ambas reflejan un concepto de la persona y del derecho lejano a lo que la fe revela con la ayuda de la razón: muestran una injusticia para con la pareja, para los hijos y para la armonía y el bienestar de la sociedad. Como nos señala el Papa, presentar y anunciar la verdad y belleza del matrimonio puede generar la autentica alegría del corazón del ser humano”.

Respecto a esta ley, el cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia, ha declarado a la revista La Nuova Bussola Quotidiana: que los alcaldes (sobre todo, naturalmente, los católicos) deben hacer objeción de conciencia. Al celebrar una unión civil serían, de hecho, corresponsables de un acto ilícito grave en el plano moral.

Acto heroico de alcaldes y funcionarios

Desde el Pontificio Consejo para la familia del Vaticano responden a Religión Confidencial: “El cardenal Caffarra se refiere a todo tipo de uniones, tanto las del mismo sexo como las heterosexuales, que son las que contempla la ley Ciriná de uniones civiles. Ciertamente es un acto heroico que se pide a los alcaldes y funcionarios: el ejercicio de la objeción de conciencia pero también es un derecho fundamental recordado de nuevo por el Papa en la Exhortación Amoris Laetitia”.

Este Consejo Pontificio matiza que en ocasiones “habrá que considerar, en cada caso, si pueden asistir a esa unión, colaboradores de los funcionarios públicos que asientan a esta propuesta. En coherencia, una participación formal a un acto gravemente desordenado implica una culpabilidad objetiva ya que sin la colaboración del funcionario, la acción inmoral aunque legal, según la ley de los estados, no se llevaría a término”.

Desde el Pontifico Consejo para la Familia, se recuerda una vez más que el matrimonio es la unión estable de un hombre y una mujer abierta a la vida (de aquí su importancia social) que garantiza la educación de los hijos y de las futuras generaciones.

No contempla la fidelidad

Es importante recordar que muchas de las leyes recientemente impuestas por los parlamentos nacionales se basan en los derechos de los adultos: derecho a tener hijo, derecho a la pensión, derecho a la herencia, etc. “Se ha olvidado el derecho fundamental de la parte débil, en este caso el niño o niña, que es poder tener un padre y una madre. Por ello desde el Pontificio Consejo comprobamos que estos proyectos se basan en los "derechos de los adultos" y no tanto en los deberes para los menores, curiosa interpretación de la justicia conmutativa y distributiva”, señalan las mismas fuentes.

Este Dicasterio para la Familia afirma que “estos proyectos no son buenos para la sociedad. No es una cuestión meramente religiosa. Así lo pueden confirmar los datos sociológicos. La estabilidad de un matrimonio monógamo e indisoluble y abierto a la vida, genera un capital social insustituible y necesario para la sociedad, es decir, una serie de relaciones humanas incluidas las productivas que no se darían sin la salud de esta institución del orden de la creación y para los católicos también del orden de la redención”.

Y concluye: “En este sentido, la ley italiana por ejemplo, determina que las "uniones civiles" no están afectadas por la propiedad de la fidelidad, propiedad requerida en el matrimonio. Se centra como apuntábamos anteriormente en reformular e incrementar algunos derechos que los adultos ya tenían, incluso anteriormente considerados como individuos singulares y a obtener, de una forma nueva, bienes que hasta ahora eran reservados a la institución del matrimonio”.