Tribunas
27/02/2017
Una república catalana de laicidad abierta
José Francisco Serrano Oceja
Ya se ve que en Cataluña llevan el trabajo de la independencia muy avanzado.
Esta semana se ha presentado en el Parlamento de Cataluña el Informe “El hecho religioso en la Cataluña del futuro. Derechos humanos, reconocimiento y cooperación”. Es decir, el texto marco de las relaciones entre el hipotético futuro Estado catalán y las religiones establecidas.
De entre los autores de este trabajo nos encontramos con la Unión de Religiosos de Cataluña, la Fundación Escuela Cristiana y Justicia y Paz. No aparece la llamada Conferencia Episcopal Tarraconense, los obispos, para entendernos.
Según este texto, hecho público con un alto nivel de representación institucional, el modelo futuro debiera ser el de “un Estado aconfesional o de laicidad abierta”. La laicidad abierta, ¿según el modelo de Sarkozy? Veamos.
Para ayudarnos a entender qué significa esto, se dice que “el Estado catalán tendría que asumir una completa neutralidad en relación con las diferentes creencias religiosas presentes en la sociedad –principio de aconfesionalidad o laicidad-“, reconociendo “la aportación que puede hacer y ya hacen las confesiones religiosas a la vida social”.
Una de las cuestiones que se plantea el Informe es la de la igualdad de las confesiones. Es decir, la asimetría a la hora de aplicar el principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Se lee que “es innegable que el cristianismo, y en particular, el catolicismo, es, hoy por hoy, la confesión religiosa más amplia y más profundamente arraigada en la ciudadanía catalana y en su tradición cultural”.
También se plantea que las confesiones tengan una “adecuada financiación” según su representatividad, arraigo y función social “a través de asignaciones voluntarias mediante el IRPF.
El informe acepta el modelo de escuela concertada, reconociendo en una eventual república catalana, “la libertad del padre y de la madre de escoger para sus hijos escuelas diferentes de las establecidas por las autoridades públicas”, además de asegurar que los menores “reciben la educación moral y religiosa de conformidad con las propias convicciones” de los padres o tutores legales.
Las cuestiones sobre la articulación de la asignatura de religión, la simbología religiosa en los espacios públicos, o la asistencia religiosa en determinados ámbitos, quedan para más adelante. La pregunta es obvia, ¿todos los partidos políticos de Cataluña aceptarán este marco, en el supuesto en que se pudiera aplicar? ¿Existe una ruptura entre el universo de los papeles, en los que cabe casi todo, y el de la realidad política?
José Francisco Serrano Oceja