Opinión

 

La libertad religiosa seriamente amenazada

 

 

13/06/2018 | por Carlos Álvarez Cozzi


 

 

Uno de los típicos ataques contra la Iglesia y otras comunidades de creyentes, es querer entrometerse en su independencia, a la que tienen derecho en virtud de la libertad religiosa prevista en las Constituciones de los Estados democráticos.

Y se buscan toda clase de excusas por parte de este secularismo abusivo. Ahora es que los sacerdotes deben violar el sigilo sacramental que le impone el Código de Derecho Canónico a fin de proteger la intimidad del acto penitencial, para delatar a quien confiese determinados pecados que son también delitos para la ley penal ordinaria.

Y si no vean esta reciente noticia: “La Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital Australiana ha ampliado las regulaciones sobre el reporte de abuso para incluir información divulgada en el confesionario. El arzobispo Prowse criticó las nuevas leyes obligatorias de información que incluyen el sacramento de la confesión.”

En un artículo para Canberra Times, el arzobispo Christopher Prowse de Canberra y Goulburn, apoyó el esfuerzo por proteger a los niños, pero dijo que “violar el sagrado secreto de confesión no evitará el abuso”, señala la fuente.

El arzobispo Prowse dijo que la ley sería ineficaz, en parte porque los abusadores probablemente no confesarían sus crímenes si “pensaran que serían denunciados”. El arzobispo agregó: “El gobierno amenaza la libertad religiosa al designarse a sí mismo un experto en prácticas religiosas y al intentar alterar el sacramento de la confesión sin ofrecer ninguna mejora en la seguridad de los niños”.

La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo: “Son asuntos complejos que deben equilibrarse con lo que las personas creen que son las libertades religiosas”. Adviértase esta afirmación: la libertad religiosa no es para esta funcionaria algo objetivo sino lo que las personas creen que son. Ni el mayor relativista del mundo podría expresar mejor el pensamiento de estos secularistas ignorantes de lo que es la fe y la práctica religiosa.

La Arquidiócesis de Canberra y Goulburn tiene nueve meses para negociar con el gobierno antes de que la ley entre en vigor, culmina informando la nota.

Se trata naturalmente de algo muy grave. Nadie pretende que los delincuentes queden impunes, pero los Estados no pueden pretender que hagan de policías los ministros religiosos sino que ellos son los que deben actuar con su Policía, Fiscalías y Poder Judicial y no transferirle la función a los sacerdotes.

Todas las Constituciones del mundo democrático reconocen como derecho humano la libertad religiosa y la práctica de la misma. Los arts. 7, 29 y 39 de nuestra Carta Magna son muy claros al respecto.

Ya en los Estados Unidos se han encarcelado a pastores evangélicos por sus predicaciones y sacerdotes y laicos católicos han sido perseguidos en muchos países.

Escribíamos hace un tiempo: “Los Derechos de la práctica totalidad de los Estados occidentales, reconocen la libertad de cultos de las confesiones religiosas. Esto es que el Estado, en los países en el que los mismos no sustentan como tal ninguna religión, es decir, observan la laicidad, garantiza constitucionalmente la libertad religiosa, que incluye naturalmente el derecho a no creer.

Ahora bien, con el pretenso argumento que no se debe “discriminar” a los homosexuales, además de legislar reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo ante la ley civil, en la esfera de su autonomía, ahora también se pretende avasallar a las confesiones religiosas, reitero, básicamente cristianas, para que celebren este tipo de uniones, lo que resulta inadmisible. Resulta inadmisible por la sencilla razón que en primer lugar las confesiones religiosas son independientes, responden a sus creencias y además han sido reconocidas por los Estados, o bien en sus Constituciones o bien por medio de las leyes, considerándolas asociaciones civiles desde el punto de vista del Derecho Positivo.

Por tanto, es una absoluta contradicción, reconocer por un lado su autonomía de la esfera estatal y por otro entrometerse en su liturgia y prácticas religiosas, a fin de obligar a sus ministros a acceder a las presiones del lobby LGTBI, que ya no le alcanza con que en algunos Estados se pueda celebrar el “matrimonio” entre personas del mismo sexo sino que, aún sabiendo que las confesiones cristianas no pueden aceptar tal práctica, por lo que surge de los Evangelios, pretenden obtener y ya han obtenido, tal inexistente “derecho”. Y este es un fenómeno típico de la dictadura del relativismo: meros deseos se quieren consagrar como presuntos derechos.

Adviértase que desde aquí a querer incriminar a los sacerdotes y pastores que se nieguen a tal práctica hay una delgada línea. Y como venimos de ver ya está sucediendo en algunos países con pastores evangélicos. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos tendremos a obispos, sacerdotes y diáconos católicos presos por negar lo que la Iglesia Católica jamás podrá aceptar y ello porque se deriva de la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio: el matrimonio es un sacramento que se celebra entre mujer y varón.

En 2015, se ha encarcelado en Estados Unidos de América a una funcionaria que negó licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo por razones de objeción de conciencia, que es otro elemento fundamental en estos temas. A los pocos días fue liberada y se resolvió por la Corte que en el futuro dicha funcionaria no tendría obligación de autorizar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, resguardándose así el derecho a la objeción de conciencia.

Recientemente, en 2016, los pastores evangélicos de México ejercerán su derecho como ministros del culto de hacer objeción de conciencia negando las uniones gays, conforme a la Sagrada Escritura.

Esperemos que la razón no sea “desfigurada” por la ideología y se viole gravemente el derecho a la libertad religiosa.”

Y sobre estos temas hemos expuesto largamente en nuestra tesis.

Hace poco la dictadura recubierta de disfraz democrático en Bolivia aprobó una ley por la que puede incriminarse a cualquier persona que haga evangelización o propague sus convicciones religiosas.

Solo cabe preguntarse: ¿es el mandato del Nuevo Orden Mundial y del Club de Bilderberg, ese mismo al que concurrirá el Secretario de Estado de la Santa Sede?