Cáritas | Cooperación internacional • 19/10/2020
La violencia en Honduras no da tregua
Nuestros compañeros de las Cáritas de España y Honduras denuncian las vulneraciones de los Derechos Humanos en el país americano y la persecución de líderes comunitarios
Por Juan Pablo Duron y Belén Alcolado Durango
Honduras vive momentos difíciles en todos los ámbitos: pobreza, inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, corrupción, violencia, impunidad…, problemáticas que, en lugar de hacer una pausa, se han agudizado con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, que no sólo ha desnudado las ya históricas carencias, sino que ha marcado de manera más drástica la brecha entre la ciudadanía.
Recordemos que el país se encuentra sumido en una grave crisis socio-económica, y es uno de los países con menores ingresos en América Latina y el Caribe, caracterizado además por una elevada y persistente desigualdad en la distribución del ingreso.
Durante los últimos meses, en el contexto de la pandemia, el Gobierno de Honduras ha reforzado los mecanismos de seguridad interna, incluyendo la militarización de la sociedad, que no ha impedido el aumento de la violencia y la tensión social, así como su correlato político, con una menor voluntad gubernamental en la resolución de conflictos.
Más vulneraciones de derechos
En cuanto a la situación de Derechos Humanos, se ha dado una escalada en la vulneración y violación de los mismos, especialmente de los defensores y defensoras que se movilizan por proteger sus territorios y los recursos naturales.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil hondureña han llamado la atención sobre el aumento de ataques en su contra y las restricciones sobre su libre movimiento y sus labores en defensa de los Derechos Humanos. Reclaman que el Gobierno ha aprovechado la situación de pandemia para silenciar sus voces, obstaculizar su trabajo y atacar a las personas que históricamente han sido críticas del sistema político e económico del país.
Los orígenes de estas problemáticas y denuncias son comunes: apropiación y despojo de territorios para proyectos hidroeléctricos, mineros y hoteleros sin consulta previa, así como declaración de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con regímenes especiales, que han avivado el debate en la sociedad sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de las mismas ya que se violenta la autonomía del territorio y es un paso más para la pérdida de la soberanía. En pleno estado de emergencia por la COVID-19, el Congreso Nacional de Honduras ha seguido aprobando nuevas concesiones para centrales hidroeléctricas y la ampliación de contratos de generación de energía térmica.
Violencia contra los activistas
Las demandas de la sociedad civil son comúnmente respondidas con amenazas de expropiación de tierras, criminalización, judicialización y, en los casos más graves, asesinatos de líderes y lideresas comunitarias. En 2017 Global Witness destacó a Honduras como “el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental», por la alarmante cifra de asesinatos que desde 2010 hasta ese año registraba al menos 120 víctimas mortales por oponerse a la construcción de represas, la minería, la tala de bosques y la expropiación de tierras e invasión de territorios.
Como ejemplos recientes se puede mencionar la desaparición de cuatro líderes garífunas que el pasado 18 de julio fueron sacados de sus viviendas en la comunidad de El Triunfo de la Cruz (costa norte hondureña), un área que fue reconocida por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 como tierras ancestrales propiedad del pueblo garífuna que habita en ellas desde hace siglos.
También recordamos el reciente asesinato (26 de septiembre) de José Antonio Teruel, su esposa y cuñado en la zona de El Patuca, Olancho. Teruel era defensor de la Casa Común y miembro durante muchos años de la red Cáritas de Honduras, encargado de formación electoral ciudadana y un destacado dirigente magisterial y social-ambientalista. Ese mismo día fue asesinado en Comayagua el periodista Luis Almendares, promotor del derecho a la libre expresión.
Cáritas Honduras pide investigaciones urgentes
En un comunicado difundido el 1 de octubre, Cáritas de Honduras reclama investigaciones urgentes, imparciales y científicas de los hechos que lleven al procesamiento y castigo de los autores materiales e intelectuales. Y clama por el fin de las amenazas, de campañas de desprestigio, persecución, criminalización y asesinatos contra periodistas, comunicadores, y defensores y defensoras de Derechos Humano.
La Iglesia alza la voz
La indefensión de los activistas sociales en el país es cada vez más evidente. Ante estos hechos, la Iglesia Hondureña ha alzado también la voz. Ya en octubre de 2018 la Conferencia Episcopal de Honduras asumió lo siguiente en un comunicado: “Queremos acompañar a las comunidades afectadas por la explotación irracional de sus recursos naturales, con la intención de que los conflictos que viven se resuelvan pacíficamente, pero con justicia y respeto a los derechos humanos; que se garantice el derecho de consulta, consentimiento y veto…”.
El pasado 29 de septiembre, las Diócesis de Juticalpa, Trujillo y la Ceiba de Honduras lanzaron un pronunciamiento público donde hacen un llamamiento a las organizaciones sociales, políticas y religiosas de Honduras a unirse en la defensa de la Casa Común, y a la comunidad internacional a expresar su protesta y solidaridad sobre el modo injusto y abusivo con que el Gobierno de Honduras y empresas extractivas tratan a las personas, organizaciones y comunidades que defienden sus bienes naturales y sus territorios.
En el pronunciamiento, muestran su rechazo al modelo económico extractivista, las ZEDES, el modelo de agroindustria, maderero o el tráfico de drogas, invitando a construir de manera urgente otro modelo económico que evite mayores riesgos a la vida humana y natural. Y hacen suyas las palabras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, manifestando que “los defensores de Derechos Humanos, especialmente los que defienden derechos ambientales, deben ser protegidos por el Estado ya que su actividad merece especial reconocimiento”.