Diócesis

 

Dos asuntos judiciales se esconden detrás de las acciones mediáticas contra Zornoza, el obispo de Cádiz

 

La sentencia canónica en el caso del sacerdote Antonio Casado y el proceso contra el que fue párroco de Conil de la Frontera

 

 

19/01/21


 

 

 

 

 

La sentencia canónica en el caso del sacerdote Antonio Casado Delgado comienza a dar luz a un proceso paralelo, el juicio mediático contra el obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy.

Una vez que el obispo tomó las primeras medidas disciplinares, comenzaron a aparecer informaciones, en diversos medios, regionales y nacionales, contra el obispo, en las que se le acusaba de haber iniciado una persecución contra el citado sacerdote.

 

Sanear la economía

Uno de los argumentos más utilizados en esta campaña es el de que monseñor Zornoza gobierna la diócesis como si fuera una empresa mercantil, sin escrúpulos. Fuentes conocedoras del caso señalan que esta acusación está motivada por el esfuerzo del obispo por sanear la economía destapando los posibles casos de corrupción.

En la campaña contra el obispo se ha llegado a decir que había dejado sin sustento económico al sacerdote condenado canónicamente. Afirmación que, según las citadas fuentes, “se ha demostrado falsa, dado que se ha probado con documentos que desde el primer día de su suspensión, consta que ha seguido recibiendo puntualmente la cantidad asignada a los sacerdotes de la diócesis en activo, además de seguir cubierto por la Seguridad Social y el seguro privado que tienen todos los sacerdotes de la diócesis”.

 

Párroco de Conil

A este caso hay que sumar otro en el proceso de declaraciones no favorables sobre el obispo.

Se trata del caso del sacerdote Rafael Vez Palomino, que fuera hasta hace poco párroco de Conil de la Frontera, y que en la actualidad tiene abierto un proceso penal canónico por difamación y maledicencia. Sacerdote que ha sido suspendido cautelarmente del ejercicio del ministerio sacerdotal.

Según “Diario de Cádiz” del pasado 27 de noviembre, Vez Palomino “ha afirmado que el obispo tendrá que justificar este decreto “en sede judicial”, confirmando así lo que ya hace varios días trasladaba respecto a la posibilidad de demandar a Zornoza por la vía penal por considerar que se está produciendo un atentado a su honor”.

En una entrevista posterior en el diario “lavozdelsur.es”, publicada el pasado 5 de diciembre, Vez Palomino confirmaba: “Tengo tres representantes legales. Dos civiles y uno canónico. Bueno, una en Roma. Porque he iniciado un proceso penal en Roma. Reclamo por abuso de poder. Lo tengo claro. Ha abusado de su autoridad y se está ensañando”.

Hasta el presente, la diócesis de Cádiz y Ceuta ha mantenido silencio y no se ha pronunciado sobre estos casos, entre otras razones porque ha querido respetar los procedimientos judiciales en curso. Fuentes no oficiales del obispado aseguran a Religión Confidencial que “seguirán sin hacer declaraciones hasta que se clarifiquen los procesos y las sentencias sean firmes”.