Colaboraciones

 

Pluralismo escolar

 

 

5 julio, 2119)| Javier Úbeda Ibáñez


 

 

El pluralismo es un dato característico de la vida humana.

      La declaración sobre educación cristiana del concilio Vaticano II Gravissimum educationis (28.10.1965), presenta algunos principios que guían la educación cristiana. Entre las directrices adoptadas por el Vaticano II están, entre otros, los siguientes puntos:

      “Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez (declaración G. e., 1).

      […]

      ”Los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega, pues, encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho” (G. e., 1).

      “Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y principales educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan. Sobre todo, en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida en el bautismo. En ella sienten la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de la familia, por fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil y en el Pueblo de Dios. Consideren, pues, atentamente los padres la importancia que tiene la familia verdaderamente cristiana para la vida y el progreso del Pueblo de Dios (G. e., 3).

      ”El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. Además, pues, de los derechos de los padres y de aquellos a quienes ellos les confían parte en la educación, ciertas obligaciones y derechos corresponden también a la sociedad civil, en cuanto a ella pertenece disponer todo lo que se requiere para el bien común temporal. Obligación suya es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos los demás que intervienen en la educación y colaborar con ellos; conforme al principio del deber subsidiario cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de estos y, además, creando escuelas e institutos propios, según lo exija el bien común (G. e., 3).

      “Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que, en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión; además, constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana” (G. e., 5).

      “Es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forme que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos (G. e., 6).

      ”Por los demás, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación en la cultura y que se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas, que se opone a os derechos nativos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades (G. e., 6).

      “La Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias” (G. e., 7).

      “La función de estos maestros (católicos) es verdadero apostolado, muy conveniente y necesario también en nuestros tiempos, constituyendo a la vez un verdadero servicio prestado a la sociedad. Recuerda a los padres cristianos la obligación de confiar sus hijos, según las circunstancias de tiempo y lugar, a las escuelas católicas, de sostenerlas con todas sus fuerzas y de colaborar con ellas por el bien de sus propios hijos” (G. e., 8).

      En el ámbito de la educación, a la autoridad pública le competen también derechos y deberes. Ella, sin embargo, no puede sustituir a los padres, ya que su cometido es el de ayudarles, para que puedan cumplir su deber-derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. La autoridad pública tiene en este campo un papel subsidiario y no abdica de sus derechos cuando se considera al servicio de los padres.

      Es importante y necesario un sistema educativo que tenga su centro en la familia y en su libertad de decidir el tipo de colegio al que van a mandar a sus hijos. No se trata, como algunos afirman erróneamente, de quitar a la escuela pública para dar a la escuela privada, sino más bien de superar una sustancial injusticia que penaliza a todas las familias, impidiendo una efectiva libertad de iniciativa y de elección. Por eso, se afirma que la educación de los hijos es un derecho-deber primario.

      El derecho a educar a los hijos supone que son libres para escoger el centro educativo que se adapte a sus convicciones. Este derecho se ve conculcado, en los principios, en aquellos sistemas que atribuyen una prioridad del Estado sobre la familia, invirtiendo el principio de subsidiariedad.

      Conviene recordar que este principio está recogido en multitud de Tratados. Concretamente en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuando señala que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. También, nuestra Constitución en el art. 27.3, establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

      El colegio, históricamente, ha surgido como una institución subsidiaria y complementaria de la familia; de ahí que su misión sea ayudar a la familia, no sustituirla. Por tanto, los padres tienen derecho a escoger colegios en los que se imparta una educación e instrucción en conformidad con sus propias convicciones, cumpliendo —por otro lado— con diligencia las exigencias justas que pueda haber indicado el Estado, que en este aspecto actúa siempre por delegación de los padres.

      También está claro que al fomentar la educación y la instrucción pública y privada, el Estado debe respetar los derechos originarios de la familia a la educación, además de observar la justicia distributiva. Por tanto, todo monopolio educativo o escolar que fuerce física o moralmente a las familias para acudir a las escuelas del Estado contra los deberes de la conciencia, o aun contra sus legítimas preferencias, es injusto e ilícito.

      El Estado debe excluir cualquier monopolio escolar, pues es contrario a los derechos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos, y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. En consecuencia, el Estado debe proteger, en materia educativa, los derechos de la familia anteriores al suyo.

      El monopolio educativo va en contra de una sociedad libre y democrática, y da al poder político la tentación de un totalitarismo ideológico. Por eso, el Estado debe respetar la libertad de las conciencias, reconociendo al individuo el acceso a una cultura conforme a sus convicciones, y en consecuencia facilitar los recursos económicos para que este hecho sea factible.

      Los regímenes totalitarios pretenden el control de la enseñanza; los democráticos y libres se refuerzan por la libertad de enseñanza. Por eso, la libertad de enseñanza es la piedra de toque de la verdadera democracia.

      Para evitar el totalitarismo estatal se redactaron varios tratados de los que conviene destacar el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando dice que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

      Los partidos políticos que han nacido con ideas totalizantes no pueden pretender establecer en materia educativa un monopolio estatal, que conduce únicamente a manipular a la juventud. Los hijos no se nacionalizan como las empresas. Los hijos no pueden quedar a merced del último ideólogo de turno o del partido que haya ganado las últimas elecciones. La libertad de enseñanza, que se concreta en un pluralismo escolar dotado de real autonomía, es la garantía de que serán educados en la libertad, de que aprenderán a discurrir por cuenta propia y no por cuenta ajena. Solo quienes piensan que la escuela es y debe ser un lugar de condicionamiento ideológico, y dan por descontado que solo el suyo es el bueno, pueden pensar que hay que suprimir el pluralismo escolar. El problema estriba en que la educación no es nunca un condicionamiento, sino un continuo perfeccionamiento en la búsqueda de la verdad y en la práctica de una vida recta, propia de todo hombre de bien.

      No obstante, se tendría una visión parcial si se redujese el problema a una oposición laicismo-confesionalismo. No es un problema religioso sino civil. Pero eso no lo entienden los que mantienen una mentalidad fascista o marxista.