Colaboraciones

 

Legalidad y legitimidad (y II)

 

 

24 octubre, 2019)| Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

Santo Tomás de Aquino definió la ley como una ordenanza de la razón por el bien común promulgada por el individuo responsable de cuidar por el bienestar de la comunidad. Según su orientación metafísica abierta a la trascendencia religiosa, dicha ordenanza debe orientarse según la ley natural moral interpretada como la ley divina implantada en el ser humano, experimentada como inclinación inherente hacia sus bienes correspondientes, capaz de regular los actos conducentes a lograr esos bienes, y revelada por el Creador Providente a la razón natural.

 

La historia legal en Occidente destacó por muchos siglos la tradicional enseñanza sobre la ley moral (ley en sentido moral/ético) natural. Dentro de la diversidad de interpretaciones sobre la ley natural predomina la propuesta de una norma reguladora de todos los seres humanos, en toda época histórica y ambiente cultural, sobre la cual descansan las costumbres y las instituciones sociales. Mas aun, la tradición postula que ninguna sociedad puede autorizar leyes que contradigan directamente la norma o ley universal pues esas leyes quedarían invalidadas desde su formulación. La legitimidad de una moral natural éticamente explicitada se presenta en esta tradición como fundamento de la legalidad jurídica.

En base a la distinción entre ley natural y ley civil o positiva podemos hacer la distinción entre legalidad y legitimidad.

Legalidad es la conformidad con la ley escrita. Legitimidad es la conformidad con la ley natural (no es otra cosa —según santo Tomás de Aquino—, que la participación de la ley eterna en la criatura racional).

 

Toda ley es legal por el hecho de ser emanada por la autoridad competente, pero no todas las leyes son legítimas o justas. Solo la ley natural permite definir la legitimidad de una ley. Si una ley viola la ley natural —dice Santo Tomás de Aquino—, no será más ley, sino corrupción de la ley:  Non erit lex, sed legis corruptio (S. Th. I-II, q. 95, a. 3).

Que la legítima autoridad tenga verdadera potestad dentro de su específica competencia para dar leyes que obliguen, no es posible ponerlo en duda: surge la misma naturaleza de la sociedad humana, que exige la dirección y el control de algunas leyes (cf. Rom. 13,1ss.; Hechos 5,29).

De suyo, pues, es obligatoria ante Dios toda ley humana legítima y justa; es decir, toda ley que:

a) se ordene al bien común;

b) sea promulgada por la legítima autoridad y dentro de sus atribuciones;

c) sea buena en sí misma y en sus circunstancias;

d) se imponga a los súbditos obligados a ella en las debidas proporciones.

Sin embargo, cuando la ley es injusta porque fallen algunas de estas condiciones, no obliga, y en ocasiones puede ser incluso obligatorio desobedecerla abiertamente.

La ley injusta, al no tener la rectitud necesaria y esencial a toda ley, ya no es ley, porque contradice al bien divino. Es necesario, pues, distinguir entre legalidad y legitimidad. No es suficiente que una norma sea dictada dentro del legal establecido y por las autoridades competentes para que deba ser obedecida: es preciso que se acomode de una manera estricta a los principios de la ley natural y de la ley divino-positiva. Aquellas condiciones garantizan su legalidad formal, pero esta última es la que proporciona la legitimidad intrínseca.

Por tanto, si una ley civil se opone manifiestamente a la ley natural, o a la ley divino-positiva, o a la ley eclesiástica, no obliga, siendo en cambio obligatorio desobedecerla por tratarse de una ley injusta, que atenta al bien común.

El Santo Padre Benedicto XVI, desde que estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, vio la importancia de que las leyes civiles estén fundamentadas en la ley natural, y advirtió las consecuencias de su olvido. Identificó el conflicto ético presente con la crisis del reconocimiento de la ley natural.

 

El 12 de febrero de 2007, ante 200 participantes de un Congreso Internacional sobre el Derecho Natural organizado por la Pontificia Universidad Lateranense, Benedicto XVI volvió a remarcar la importancia de la ley natural para toda legislación como la expresión de esas «normas inderogables y obligatorias, que no dependen de la voluntad del legislador y tampoco del consenso que los Estados pueden darles, pues son normas anteriores a cualquier ley humana y, como tales, no admiten intervenciones de nadie para derogarlas».

«La ley inscrita en la naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno para poder vivir libre y respetado en su dignidad», añadió el Papa en el citado discurso.

El derecho no tiene porqué juridificar todos los criterios éticos. Pero tampoco puede vivir al margen de la ética, en vista que tras toda discusión jurídica sobre los grandes principios siempre hay un debate ético que no se puede desestimar.

La lógica jurídico-política no es extraña a la ley o a la racionalidad práctica moral, y tampoco se opone a ella. Sin embargo, aquello que podemos llamar su «objeto formal» es distinto: tiende a hacer posible la vida de los hombres en comunidad, y por eso tiende a la paz, a la libertad y a la justicia, que, sobre todo, significa «igualdad en la libertad». La primera condición para obtener tales objetivos es la seguridad, otorgada por el poder estatal, de poder sobrevivir sin ser presa del más fuerte o del más astuto. Por esta razón el ciudadano traslada a la autoridad estatal el «monopolio de la violencia legítima» (Max Weber). En efecto, solo el Estado está legitimado para usar la fuerza física o para delegar ese derecho en determinadas personas o instituciones. Sostenida por la autoridad coercitiva del Estado, la ley civil garantiza, por encima de todo, la supervivencia y la seguridad física de cada individuo humano. Aquí tenemos el primer contenido del bien común, presupuesto necesario para cualquier otro bien que caiga bajo la competencia del poder legislativo del Estado.


La ley moral regula el obrar del individuo, mirando a la bondad de los propios actos; en cambio la ley civil (es decir, el derecho positivo constitucional, civil, penal, etc.) regula las relaciones entre individuos, mirando al bien común, Esto no significa que la ley moral y las acciones de los individuos reguladas por ella no se oriente al bien de los demás. Todo lo contrario. De hecho, es parte integrante de la bondad expresada en el obrar, por parte de cada individuo, la adecuada relación con los demás (que, por otra parte, no es el «bien común» sino el «bien de los demás»).