Colaboraciones

 

Los “defensores de las libertades y de la democracia”

 

10 noviembre, 2020 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

Desde sectores políticos y sociales que se autodefinen como defensores de las libertades y de la democracia, se insiste en que la presencia de la asignatura de Religión en el sistema educativo español (y singularmente en los centros de titularidad estatal) es un resto del nacionalcatolicismo y un vestigio del pasado, supuestamente anacrónico en un país que la Constitución española de 1978 define como aconfesional.

La enseñanza de la religión como materia curricular y evaluable, en plano de igualdad con las demás materias académicas de la enseñanza no universitaria, responde al más estricto cumplimiento del deber que el Estado tiene como garante del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Entre los derechos inherentes al ser humano se hallan el que los niños y jóvenes tienen de recibir una formación integral y el que asiste a sus padres para elegir la formación moral y religiosa que han de tener, de acuerdo con sus creencias. Así lo han hecho, dictado en varias sentencias sobre el particular, el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Todo lo contrario, pues, de la pretendida inconstitucionalidad a la que esos grupos de presión aluden cuando desacreditan la enseñanza de esta disciplina, presentándola como algo incongruente con la aconfesionalidad del Estado.

Lo que el artículo 16.3 de la Constitución española expresa literalmente es que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». El concepto aludido por la Carta Magna es, pues, el de «aconfesionalidad». En todo el texto constitucional no aparece ni una sola expresión con la raíz de la familia de palabras a la que pertenecen los términos «laico» y «laicismo».

España es hoy un Estado moderno, democrático y aconfesional (ese es el término que usa la Constitución española, no el de «laico» que algunos quieren «colarnos», para identificar «laico» con «laicista»). Y, precisamente por aconfesional, ha de mantenerse neutral ante todo lo relacionado con las creencias y la enseñanza de la religión.

Podría admitirse «laico» como sinónimo de «aconfesional» si se entendiera la «laicidad» en esos términos de neutralidad, pero nunca si se toma como exclusión del ámbito académico de todo vestigio religioso. Y esta es la interpretación de los laicistas más radicales y beligerantes, que son por lo demás quienes «llevan la voz cantante» en este asunto.

Se trata de confundir, de modo que todo parezca lo mismo, «aconfesionalidad» con «laicidad»; «laicidad» con «laicismo»; «laicismo» con «antirreligiosidad»... Y de ahí al ateísmo de Estado (otra forma de confesionalidad, al fin y al cabo) no hay más que un cortísimo paso.

En consecuencia, y dado que es «aconfesional», el Estado ha de mantener una neutralidad ante las opciones religiosas que en ningún caso se respetaría adoptando como norma la eliminación de los planes de estudios de las enseñanzas de religión.

La exclusión de la enseñanza religiosa de la escuela pública vulneraría la libertad religiosa (Const. esp., art. 16), el derecho de los padres en la formación de sus hijos (Const. esp., art. 27.3) y la formación misma de los alumnos (Constitución española, art. 27.1), cuyas capacidades espirituales y transcendentes quedarían mermadas, si no cercenadas radicalmente. La Constitución española quedaría violada en los artículos fundamentales.

El Estado puede ser aconfesional, el Estado, no yo, es decir, no los ciudadanos, que sí pueden ejercer la libertad religiosa, y por eso la ley ha de prever que en los centros públicos se impartan, con seriedad y rigor intelectual, enseñanzas religiosas de acuerdo con las convicciones de los alumnos o de los padres. Eso es sencillamente hacer posible el ejercicio de un derecho ciudadano. Los alumnos han de poder escoger el estudio de la religión (porque son creyentes, o por interés cultural). Y ha de ser una materia, el hecho religioso, que pueda, con exigencia, evaluarse (no la fe del alumno, lógicamente, sino el conocimiento de esa disciplina), de la misma manera que se evalúan las demás.