Colaboraciones

 

Neutralidad

 

18 noviembre, 2020 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

Dado que es «aconfesional», el Estado ha de mantener una neutralidad ante las opciones religiosas que en ningún caso se respetaría adoptando como norma la eliminación de los planes de estudios de las enseñanzas de religión.

La doctrina jurídica del Supremo y del Constitucional indica claramente cuál es la interpretación correcta del precepto contenido en los artículos 16 y 27 de nuestra Carta Magna. El Estado ha de mantener la neutralidad en materia de creencias y ha de garantizar la libertad de todos; tiene el deber de propiciar que todos los padres puedan ejercer con plena libertad el derecho a solicitar y recibir del sistema educativo la enseñanza moral y religiosa que estimen conveniente para sus hijos.

Se trata de un derecho que ejercen en la misma medida las familias que los matriculan en la opción confesional (sea cual fuere la religión elegida) y las que deciden que no reciban formación confesional alguna.

La interpretación que hace el Tribunal Supremo de la «neutralidad» de los poderes públicos en esta materia queda expuesta, entre otras, en su Sentencia del recurso contencioso–administrativo 4915/1992, de 17 de marzo de 1994 (Fundamento jurídico 3º).

Que el Estado sea no confesional no quiere decir que esté contra cualquier clase de confesión religiosa, sino que el Estado no tiene una confesionalidad religiosa propia y única a la que acudiera en su acción de gobierno.

Se define como aconfesional para poder garantizar la libertad de todos los ciudadanos.