Colaboraciones

 

Los padres, primeros educadores de sus hijos (III)

 

02 enero, 2021 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

El derecho a la libertad de enseñanza es reconocido con frecuencia en los tratados internacionales. Por recordar solo los principales señalamos: art. 13 § 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y firmado por España el 28 de septiembre de 1976; de la misma fecha es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el art. 18 § 4 declara la libertad de enseñanza en materia religiosa; artículo 26 § 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948 de la ONU, y con especial referencia a la libertad religiosa en materia de enseñanza en el art. 2º del Protocolo Adicional, 1º de 20 de marzo de 1950 a la Convención europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Finalmente, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, UNESCO, 14 de diciembre de 1970.

La doctrina de la Iglesia en este tema se puede sintetizar en las palabras que pronunció Juan Pablo II en su primer viaje apostólico a España, en la plaza de Lima en Madrid, el 2 de noviembre de 1982: «No hay lugar a dudas de que, en el ámbito de la educación, a la autoridad pública le competen derechos y deberes, en cuanto que debe servir al bien común. Ella, sin embargo, no puede sustituir a los padres, ya que su cometido es el de ayudarles, para que puedan cumplir su deber-derecho de educar a los propios hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. La autoridad pública tiene en este campo un papel subsidiario y no abdica sus deberes cuando se considera al servicio de los padres, al contrario, esta es precisamente su grandeza: defender y promover el libre ejercicio de los derechos educativos» (Juan Pablo II, 1982).

El Estado, por razones del bien común de toda la sociedad, tiene funciones de coordinación, de planificación, de control. Pero «el mismo bien común reclama que tales funciones no se ejerzan contra los derechos de las personas y de los grupos sociales intermedios. El principio de la función subsidiaria exige que en el interior del organismo social el Estado reconozca a las personas y a los grupos tanta libertad como sea posible […]. Es competencia del Estado promover o estimular la iniciativa de los grupos e instituciones sociales, apoyarlos, pero respetando siempre el carácter peculiar y la capacidad de autodeterminación de cada uno» (Mons. Elías Yanes, 1987).

Y continúa Elías Yanes señalando cómo, en este contexto, se comprende mejor el sentido de la libertad de enseñanza entendida como: a) libertad para crear centros docentes; b) libertad para elegir centros docentes; c) derecho de cada centro para establecer el ideario o carácter propio; d) derecho de cada centro a la financiación con fondos públicos de modo que la elección entre centro público y centro de iniciativa privada o social no esté condicionado por factores económicos.

Ya el Concilio Vaticano II recordaba que «es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de verdadera libertad de elección de las escuelas. El poder público, a quien corresponde amparar y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con verdadera libertad, según su propia conciencia, la escuela para sus hijos» (Gravissimum educationis momentum, 6).