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Política y bien común

 

04 enero, 2021 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

En términos generales, la política puede definirse como la práctica y el ámbito en el que el ser humano realiza y vive su existencia junto con los demás, organizando racionalmente su convivencia sobre la base del bien común. En muchas ocasiones se ha entendido la política desde un punto de vista negativo, en el cual solo primaría su función de arbitrio en la valoración de problemas o conflictos. Sin embargo, la política no se reduce exclusivamente a una función técnica de resolución de problemas, sino que conlleva, inherentemente, la búsqueda común de los fines o bienes a los que aspira una sociedad humana: la justicia, la paz, el bienestar económico, etc.

El poder político solo se ejerce legítimamente si se busca el bien común de la sociedad a través de medios moralmente lícitos (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1903). Aristóteles, en la Ética Nicomáquea, dice que «el bien es deseable en cuanto interesa a un solo individuo; pero tiene un carácter más bello y divino cuando interesa a un pueblo». De esta forma, el bien común, en conformidad con la naturaleza social del hombre, desarrolla un papel fundamental en la acción política porque se dirige a la búsqueda del bien y de los intereses personales y colectivos.

El bien común se denomina, en el lenguaje político actual, como «interés general» o «interés de todos» y ha sido interpretado de diversas formas. Algunos lo han reducido a la simple suma de los bienes o intereses particulares de cada sujeto perteneciente al cuerpo social (cf. Benedicto XVI, Mensaje a los participantes en la 45ª semana social de los católicos italianos, 12 de octubre de 2007).

La definición del bien común como la suma de intereses particulares esconde un trasfondo ético de tipo utilitarista que pretende justificar lo considerado como útil por una mayoría. De este modo, la fuerza mayoritaria determinaría el fin o el bien de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la legalización de las drogas pasaría a ser un «bien de la sociedad» cuando un grupo mayoritario considerare los estupefacientes como un «bien» útil y personal.

Por otro lado, desde una óptica política de carácter neocontractualista, que formula una convivencia pacífica ante el pluralismo cultural contemporáneo, se han dejado a un lado las cuestiones concernientes a la vida en su totalidad y al sentido por el hombre para centrarse, de manera casi exclusiva, en la «esfera pública». De esta forma, «el interés general» se ordena a las exigencias del pluralismo procurando que la multiplicidad de intereses y la diversidad de opiniones se confronten racionalmente para encontrar una solución que garantice una justa repartición de derechos y deberes.

El bien común, en una concepción neocontractualista que cuenta con presupuestos utilitaristas, parece perder la conexión natural que existe entre el bien objetivo de la persona humana y el bien de la comunidad. En esta visión se da un primado de lo justo, entendido como equidad, sobre el bien. Así, el «interés general», basado en el principio justo de la «imparcialidad», «paridad» y «reciprocidad», puede hacer que prevalezca el consenso de la mayoría o «el acuerdo de todos los hombres» sobre los mismos derechos naturales e inalienables del ser humano. Desde esta perspectiva, el aborto y la eutanasia se convertirían en acciones «justas» y por lo tanto «buenas» cuando son fruto de un consenso mayoritario que presupone intrínsecamente un procedimiento «imparcial».

El Catecismo de la Iglesia Católica define el bien común como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección (n. 1906). Esta definición nos propone una concepción del bien común que hace referencia a un contenido objetivo, basado en los derechos y deberes fundamentales e inviolables de toda persona, y que está constituido por tres elementos vitales: el respeto a la persona en cuanto tal, el bienestar social y el desarrollo del grupo y, finalmente, un compromiso por la paz.

El respeto a la persona, como principal característica del bien común, está dirigido a la promoción y defensa de los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. De esta forma, el bien común engloba necesariamente el derecho a la vida, que se opone a cualquier género de homicidio, y el ejercicio de las libertades naturales de la persona, como son: poder actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, la protección de la vida privada y de la justa libertad, también en materia religiosa.

El bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo. En este sentido, el Estado debe facilitar y garantizar aquellas estructuras y bienes fundamentales que permiten llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia, etc.

Finalmente, el bien común implica un compromiso constante e inapelable por la paz. Desde esta perspectiva, los gobiernos tienen la obligación de garantizar la estabilidad y la seguridad de un orden social justo, a través de medio honestos. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. También, dentro de este orden social justo, es necesario trabajar tanto en el respeto de las reglas justas como en la transparencia y correcto funcionamiento de las instituciones económicas y políticas.

En conclusión, podemos constatar que el bien objetivo de la persona humana, sus derechos y deberes fundamentales, está conectado naturalmente con el bien de la comunidad. El bien común encierra los derechos, valores y necesidades pertenecientes a todo hombre y va más allá de los intereses subjetivos o simplemente mayoritarios. Desde esta perspectiva es necesario afirmar que el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas, ya que la ordenación de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario (cf. Gaudium et spes, n. 26).