Colaboraciones

 

Democracia (IV)

 

11 enero, 2021 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

El positivismo moral y jurídico sobre el que se sustenta nuestro actual sistema político, compromete incluso su legitimidad al ignorar en ocasiones la ley natural.

El presunto Estado de Derecho del que disfrutamos, todo lo hace depender de la ley de las mayorías. El supremo criterio legal y moral es la voluntad de las mayorías. La aritmética todo lo decide, todo lo gobierna; para Gabriel Marcel se trata de una regla groseramente pragmática; para otros, además, inconsistente.

Porque el número de votos no puede ser el criterio adecuado para discernir qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. ¿No es esto relativismo?

Hemos llegado así a fabricar un supuesto Estado de Derecho que depende de las opiniones y los caprichos humanos, que varían según los tiempos y circunstancias, según las latitudes e intereses, cuando es bien cierto que la verdad y el bien, la justicia y el derecho están por encima de la voluntad de las personas, de las instituciones, de los Estados, lo mismo que la ley natural está por encima de las leyes positivas fabricadas por los hombres.

Con ello no estamos diciendo que no se haya de tener en cuenta el sentir mayoritario de los ciudadanos, lo que no nos parece bien es que la opinión mayoritaria sea considerada como criterio único y supremo, sin atender a la naturaleza de las cosas.

La aplicación de la ley de mayorías compromete de tal modo el Estado de Derecho que, en realidad, habría que llamarle el Estado arbitrario de las mayorías. En consonancia con el Magisterio de la Iglesia, los católicos no podemos dejar de proclamar que el fundamento del derecho está por encima de los hombres y de las instituciones, lo mismo que el orden moral está por encima del orden legal y, si no lo decimos así, estamos creando confusión. La corriente de un positivismo perverso ha venido a invertir los términos; lo que debiera estar arriba está por debajo, así se ha producido la gran paradoja de que quienes debieran ser los medidos se han convertido en medidores.

Ello, tarde o temprano, ha de traducirse en la quiebra del Estado de Derecho. El relativismo moral y jurídico que está informando nuestra vida cotidiana acabará produciendo una gran desorientación en la ciudadanía. En la situación en la que nos encontramos habría que decir con Erich Fromm: «El hecho de que miles de personas compartan los mismos vicios, no se convierten esos vicios en virtudes; el hecho de que compartan muchos errores, no se convierten estos en verdades».

Resulta difícil compaginar el relativismo con las convicciones firmes de la fe católica.

¿Cómo apoyar, colaborar o simplemente participar en un sistema político que se olvida de Dios, que no reconoce verdades y principios básicos e indiscutibles sobre los que se asientan la realidad del hombre, la sociedad y la familia?

¿Cómo sentirse a gusto dentro de un Estado en el que las leyes positivas no quedan supeditadas a la ley natural?

Sin duda, la democracia relativista ha de representar una seria preocupación para el católico, como claramente lo manifestara Juan Pablo II en su encíclica Veritatis spendor: «Después de la caída del marxismo existe hoy un riesgo no menos grave; la alianza entre democracia y relativismo ético quita a la convivencia cualquier referencia moral segura».

El hecho de condescender con un sistema político que no respeta los derechos de Dios, ni la ley natural, puede que tenga más que ver con la cobardía que con la prudencia.

Debemos procurar erradicar los círculos viciosos de nuestro sistema democrático, y a cambio encontrar la forma que tenga círculos virtuosos.

Lo que hoy entendemos por democracia es la democracia de los partidos, que es la democracia que pretenden vivir, con mayor o menor veracidad o transparencia, los llamados países democráticos. Y al entender la democracia de esta forma, se da por supuesto que a la vez se favorece lo que llamamos democracia de las personas, que busca el respeto de su dignidad y derechos.

Sin embargo, tal suposición está muy lejos de corresponder a la realidad. La verdad es que hemos creado el paradigma de que la democracia de los partidos favorece a la democracia de las personas, pero cada vez se hace más imperioso que cuestionemos tal paradigma, que lo sometamos a crítica y veamos si es verdadero o falso.