AENA abre expediente a 442 controladores por el caos aéreo

Es la hora de que el Gobierno Zapatero rinda cuentas

Los controladores van a responder ante los Tribunales y el Ejecutivo habrá de hacerlo ante el Parlamento y la opinión pública

Periodista Digital, 06 de diciembre de 2010 a las 08:17

¿Por qué no se evitó el caos que desencadenaron los controladores ? Dicho de otra forma: ¿sorprendió al Gobierno o lo esperaba? Lo primero indicaría incapacidad. Lo segundo, perfidia.

El contencioso con los controladores viene cociéndose de antiguo y ya el verano pasado estuvo a punto de convertirse en batalla abierta.

En tales condiciones, elegir la víspera del puente más largo del año para el duelo con ellos era, cuanto menos, temeridad.

¿Nadie en el Gobierno Zapatero cayó en ello? ¿O se eligió precisamente para dar una muestra de autoridad ante un colectivo que goza de nulas simpatías entre la ciudadanía por su prepotencia y sus sueldos astronómicos?

¿Que, dada la situación, no había otro remedio? Es muy posible, pero entonces, ¿por qué se llegó a esa situación?

El Gobierno Zapatero no tenía un plan B, como en tantas ocasiones de emergencia anteriores, y si el que tenía fue el que puso en práctica, es como para echarse a temblar.

Pues decretar el estado de alarma no es bueno, ya que crea más alarma, y ya hay bastante alarma en España y sobre España como para aumentarla.

ANTE EL PARLAMENTO Y FRENTE A LOS CIUDADANOS

El Estado de alarma no es, en absoluto, la mejor de las situaciones para celebrar el trigésimo segundo aniversario de la Constitución, pero es el que corresponde por las decisiones tomadas de manera extraordinaria por el Gobierno para zanjar expeditivamente el chantaje de los controladores aéreos.

Es el primer caso en que un Gobierno democrático utiliza este recurso constitucional extremo, cuya aplicación al boicot en los aeropuertos suscita dudas legales y reservas políticas, al margen de que, en efecto, haya sido eficaz para disuadir al colectivo de chantajistas que paralizó el espacio aéreo español durante veinticuatro horas.

Se ha sentado un precedente que, aunque ahora aporte al Gobierno motivos de satisfacción, el día de mañana puede ser un recordatorio molesto.

La imposición de medidas restrictivas de derechos, como la movilización forzosa de un grupo de ciudadanos, no debe tomarse a la ligera, ni aplaudirse a ciegas en aras de un pragmatismo por el que el fin siempre justifique los medios.

Los valores democráticos están en juego cada vez que un gobierno usa prerrogativas de esta naturaleza.

UNA SOSPECHOSA ANULACIÓN DE VIAJE

Además, es inaudito que una crisis de tal envergadura no haya sido suficiente para una comparecencia del presidente del Gobierno, especialmente si fuera cierta la versión que sostiene que anuló su viaje a Bolivia y Argentina dada la probabilidad de que se desencadenase la crisis que efectivamente se ha producido.

La alarma se va a mantener pese a que el espacio aéreo esté abierto y los controladores se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo.

Si el Gobierno considera que así debe ser, ha de disponer del margen necesario para administrar la situación.

Pero, paralelamente, deben tomar cuerpo todas las responsabilidades anunciadas. Se sabe que AENA ha abierto expediente a 442 controladores, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales; y que la Fiscalía tiene incoadas diligencias de investigación por los posibles delitos cometidos con motivo del boicot al control aéreo.

Unas y otras iniciativas deben contar con la misma publicidad con que han sido anunciadas, para que la opinión pública pueda ejercer un control democrático sobre las consecuencias de una decisión tan grave como la de militarizar a un grupo de ciudadanos y poner al país en estado de alarma.

Estas decisiones no pueden quedar en nada. No pueden diluirse en una nebulosa administrativa y judicial que prolongue sine die la rendición de cuentas.

TRANSPARENCIA Y EFICACIA

Por eso, la rectitud del Gobierno se va a medir en varios frentes. Y uno de ellos es, desde el sábado mismo, la depuración de responsabilidades. Transparencia y publicidad son las dos obligaciones que pesan sobre las instituciones competentes de hacer valer esas responsabilidades.

A estas alturas, ya se echa en falta una declaración pública de la Fiscalía sobre los trámites que van a seguir sus investigaciones y los delitos por los que va a acusar a los controladores.

También pesa sobre el Gobierno el compromiso inaplazable de adoptar urgentemente las reformas necesarias para reestructurar el control aéreo en España.

Esta es la tarea que debió haber emprendido el Ministerio de Fomento cuando los controladores demostraron hace meses su capacidad para bloquear el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente a través del espacio aéreo.

Si se hubieran tomado los acuerdos necesarios para ampliar la plantilla, para traspasar a la Administración el control de acceso a la profesión o para acreditar a los controladores militares con las pertinentes licencias europeas, el poder de coacción de los controladores civiles habría disminuido de forma considerable.

Y aunque estos hubieran cometido el mismo chantaje, el Gobierno no tendría que asumir la responsabilidad que ahora le pesa por tanto omisión y pasividad.

Con el estado de alarma, el Gobierno entierra una protesta -abusiva e intolerable- bajo el peso de la autoridad militar.

LAS PARADOJAS DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

Una más de las paradojas que tiene que vivir la izquierda española. Pero la militarización es un paliativo para quince días, no la solución del problema, que sigue requiriendo lo que hasta el momento se ha demostrado que no existe: un Gobierno con agenda, con sentido de la planificación y con aptitud para tomar y ejecutar las decisiones adecuadas.

Los próximos días serán para el Gobierno de Rodríguez Zapatero como una segunda manga de esta crisis. Los controladores van a responder ante los Tribunales y el Ejecutivo habrá de hacerlo ante el Parlamento y la opinión pública. Y ya no habrá un caos aéreo que lo disculpe todo.