Injustificable Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de trato

Esto sí es discriminación

Escuelas Católicas lleva más de 50 años luchando contra la discriminación en el ámbito de la enseñanza

Luis Centeno, 04 de abril de 2011 a las 10:38

 

(Luis Centeno, Escuelas Católicas).- Hemos comentado recientemente el injustificable del Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que vulnera principios constitucionales.

Entre otras consideraciones, dicho Anteproyecto ignora la existencia de normas específicas sobre igualdad y no discriminación, conculcando el Capítulo Tercero del Título III de la Constitución; usurpa competencias propias de órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo; no tiene en cuenta toda la extensa Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del Artículo 14 de nuestra Carta Magna; atribuye al Estado potestades punitivas propias del orden penal y a los sindicatos la condición de interesados en cualquier procedimiento administrativo (en contra de la jurisprudencia asentada que no les considera como "guardianes abstractos de la legalidad"); modifica las reglas de la carga de la prueba; establece un estatuto jurídico inaceptable de autoridad; prohíbe la financiación pública a los Centros de educación diferenciada en contra de la LOE y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Español; se inmiscuye en la libertad personal en ámbitos como el trabajo autónomo o las relaciones contractuales entre particulares, etc.

Habría que indicar al Ministerio de Sanidad que muchas organizaciones y ciudadanos llevamos años y años luchando contra la discriminación para que ahora llegue una nueva Ley como la que se quiere ahora aprobar por el trámite de urgencia.

Concretamente, Escuelas Católicas lleva más de 50 años, desde la creación de FERE, luchando contra la discriminación en el ámbito de la enseñanza. Pero no sólo contra la discriminación entre ciudadanos, también contra la discriminación que practica la Administración educativa contra los centros concertados y sus alumnos.

Por ello, es una inmensa satisfacción hablar de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 24 de marzo de 2011, por la que se anula por discriminatoria la Resolución-Instrucción del año 2009 de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, referida a la convocatoria de ayudas para estancias de inmersión lingüística en el Reino Unido e Irlanda para alumnos de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, así como las convocadas para el tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria de ese año.

Dicha Resolución-Instrucción de la Junta de Extremadura, aprobada en el marco del Plan Linguaex de fomento de las lenguas extranjeras, dejaba fuera de dichas ayudas a los alumnos escolarizados en centros concertados y, según reconoce el Tribunal, vulneraba los Artículos 14 y 27 de la Constitución Española, referidos a los Derechos Constitucionales de Igualdad y Educación respectivamente.

En opinión del TSJ de Extremadura la Instrucción, impugnada por Escuelas Católicas, introduce “un medio discriminador sin justificación”, cuando aparta a los alumnos de los centros concertados de la posibilidad de acceder a estas ayudas, privándoles “de la posibilidad de aprender idiomas por el simple hecho de cursar estudios en centros no públicos”.

La propia sentencia añade que “la discriminación inicial, se realiza, no por motivos económicos, sociales o territoriales justificados, sino por la pertenencia a un determinado tipo de centro”, concluyendo que “ante situaciones iguales –ser alumno extremeño– se crea una diferencia que no posee justificación, lo que supone vulnerar el principio de igualdad, desencadenante de la nulidad de la Instrucción recurrida”.

Sin duda una excelente sentencia y un horrible Anteproyecto de Ley.

Luis Centeno Caballero
Abogado Escuelas Católicas