El Gobierno crea una comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos

(Agencias/InfoCatólica) Para la designación de sus componentes se han tenido en cuenta las propuestas de diferentes grupos parlamentarios y algunos forman parte de la Comisión en representación de instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Real Academia de la Historia así como la Iglesia católica. La Comisión estará adscrita al Ministerio de la Presidencia y la compondrán dos presidentes, un secretario y diez vocales, "todos profesionales de acreditada solvencia en los ámbitos académico, jurídico y científico".

Ostentarán la presidencia, para la coordinación y dirección de los trabajos, Virgilio Zapatero Gómez, catedrático de Filosofía del Derecho y ex rector de la Universidad de Alcalá de Henares, y Pedro José González-Trevijano Sánchez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional.

Los vocales de la Comisión de Expertos serán los miembros del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, los catedráticos Carme Molinero, Alicia Alted, Carmen Sanz y Ricard Vinyes, además del profesor Manuel Reyes y el antropólogo social Francisco Ferrándiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En el Comité estarán asimismo el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, e Hilari Raguer i Suñer, historiador y monje de la Comunidad Benedictina de Montserrat. Por último, será secretario de la Comisión de Expertos Carlos García de Andoin, director adjunto del Gabinete del ministro de la Presidencia.

En el Acuerdo aprobado hoy, el Ejecutivo señala que el Valle de los Caídos "es todavía un lugar controvertido en la conciencia colectiva de los españoles" y recuerda que la Ley de Memoria Histórica establece que se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y que en él se prohíben actos de naturaleza política o exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.

Destaca asimismo que la Ley abre así una oportunidad para que el monumento "pueda ser contemplado por sus visitantes y por la conciencia colectiva del país con un nuevo significado más inclusivo, desde el espíritu de reconciliación y el respeto al pluralismo reconocido en el pacto constitucional".

El Gobierno señala que la tanto la explanada como los edificios que albergaban el "Centro de Estudios Sociales" ofrecen posibilidades para la creación de un "espacio de afirmación de la convivencia, la democracia y los derechos, a la vez que de rechazo de la violencia, la guerra y las dictaduras".

El acuerdo del Consejo de Ministros señala que una primera línea de actuación del Comité de Expertos "debe establecerse desde un principio de dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior". Sobre las exhumaciones de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, indica que deben ser abordadas "en el contexto global de las actuaciones sobre el lugar, aunque un equipo de peritos evaluará las demandas particulares en este sentido".

En el Valle de los Caídos yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la Guerra Civil, que desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias de España salvo Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

De los restos inhumados, 21.423 son de víctimas identificadas, y 12.410, de personas desconocidas, de acuerdo con la documentación que consta en Patrimonio Nacional. Asimismo, el acuerdo propone iniciativas en el ámbito de la exposición cultural y museística, la investigación y la educación, la reflexión pública y la divulgación, entre otros.